El PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar la Generalitat Valencia. Entre los 50 puntos del acuerdo programático, destaca defender "en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo-Segura". En este sentido, ambos partidos se ponen de acuerdo para "exigir la aprobación de un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial".
Hay que recordar que PP y Vox han firmado hoy tambien un acuerdo par gobernar en Toledo y lo harán, salvo fuerza mayor, también en Talavera de la Reina, ambas ciudades regadas por el Tajo y que en los últimos años los gobiernos socialistas de Milagros Tolón y Tita García han defendido el fin del travase. La misma postura que defiende el Gobierno de España y el regional de Emiliano García-Page.
Volviendo al pacto PP-Vox, también contempla objetivos como "sacar la ideología de las aulas", libre elección de centro y de la lengua de enseñaza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas, "erradicar la violencia intrafamiliar" o crear una oficina especializada frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El pacto incluye 50 puntos, que se acuerdan hacer efectivos, y entre ellos, se comprometen a que el Gobierno valenciano, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas".
Otros de sus compromisos son derogar "las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", eliminar la tasa turística, suprimir organismos "innecesarios" o apostar por un modelo de radio y televisión pública "que sea racional con la coyuntura económica" y emita "unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores institucionales".
Vox llego a decir que cerraría À punt, la televisón pública valenciana, a igual que dijo en Castilla y León (con una televisión de modelo privado), pero a la hora de la verdad y llegar al Goierno, no solo no la cerró, sino que amplió la dotación para mantenerla. Así, PP y Vox decidieron financiar la televisión privada con una nueva subvención de 20,23 millones de euros —la cantidad del año pasado más el IPC—.
TVCyL es propiedad del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo (quien fuera encarcelado en 1994 por corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Burgos) y de la familia de José Luis Ulibarri, que fue condenado en Gürtel. Entre ambos controlan una buena parte de los medios de comunicación de Castilla y León a través de Promecal-La Tribuna (Méndez Pozo) y de Edigrup (Ulibarri).