La Guardia Civil ha arrestado a 13 personas en el marco de la operación 'Ponos' por su presunta participación en 629 hechos delictivos sobre, al menos, 209 víctimas, mediante la suplantación de identidad de personas: falsificaban documentos personales, como por ejemplo nóminas, para hacerse con créditos que usaban para comprar bienes que luego revendían.
A los detenidos, de entre 19 y 59 años, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos, apropiación indebida, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a grupo criminal.
Según ha señalado este viernes el Instituto Armado, hay afectados en todo el territorio nacional: Valencia, Castellón, Alicante, Canarias, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Zaragoza, Teruel, Navarra, Islas Baleares, Barcelona, Lleida, Sevilla, Bizkaia, A Coruña, Cantabria y Albacete.
Y se han realizado siete registros en domicilios y uno en un establecimiento en las localidades valencianas de Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta o Valencia ciudad.
Los agentes de la Guardia Civil se encontraron durante la investigación con un gran número de denuncias por estafa en las que los autores estaban empleando un 'modus operandi' muy parecido.
En concreto, una vez que conseguían una fotografía del DNI de sus víctimas, les suplantaban la identidad y compraban productos por internet que financiaban a nombre de los afectados. Más tarde, cuando recibían lo comprado, lo revendían en aplicaciones y páginas de compraventa de artículos de segunda mano.
Por eso, y ante la semejanza de los hechos delictivos, se iniciaron diligencias de investigación con el objetivo de lograr averiguar la operativa de los autores y descubrir su identidad.
Los agentes comprobaron que falsificaban nóminas y otros documentos personales que se exigen para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas, dando pie a un entramado criminal que ha perjudicado, por el momento, a más de 200 personas, a las que creaban deudas con entidades de crédito y proveedores de telefonía y de las que los autores llegaron a obtener más de un millón de euros.
La Tesorería de la Seguridad Social analizó todas las nóminas y datos personales, logrando identificar un número superior de afectados de los que existían en un principio.
Se pudo verificar además que la organización tenía células operativas regionales en lugares como Huelva, Valencia, Tarragona y Barcelona. Estos grupos infiltraron a su personal en puestos de trabajo estratégicos con los que obtener la documentación necesaria de sus víctimas para perpetrar los delitos.
En la operación, casi un centenar de guardias civiles fueron movilizados para los registros efectuados en la Comunidad Valenciana, en los que se intervinieron de diversa documentación sobre la comisión de los delitos investigados, además de los bienes que adquirían con los créditos y que todavía no habían vendido.
También en los registros se incautaron 10 kilogramos de marihuana, varias dosis de cocaína y básculas de precisión.
La Guardia Civil se ha percatado igualmente de que los máximos responsables de las distintas células regionales tenían cabecillas que se coordinaban para cometer los delitos traspasando las comunidades autónomas con tal de dificultar la labor policial.
Así, los integrantes de la organización cambiaban de forma constante de vivienda, enviaban dinero al extranjero y usaba más de 700 líneas telefónicas distintas para comunicarse.
Sobre uno de los máximos responsables de la organización pesaban 23 requisitorias judiciales de varios juzgados de toda España. Otro de ellos, que además falsificaba recetas médicas para obtener medicamentos sujetos a prescripción médica, intentó escapar, escondiéndose en un centro social ocupado ilegalmente. Pero fue al final detenido cuando se encontraba en un vehículo que fue sustraído en 2022 y que pudo recuperarse.