Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han anunciado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo.
Así lo han dado a conocer en un comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
De momento, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se han sumado a la convocatoria, aunque comparten el diagnóstico y las reclamaciones, porque quieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, según ha informado el periódico 20 minutos.
Jueces y fiscales exponen su preocupación por la falta de dotación suficiente de la administración de Justicia, que consideran que es "la cenicienta", y por las cargas de trabajo de tribunales y fiscalías "que afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía".
Lamentan que todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, lo que consideran que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad.
Explican que tras las reuniones "decepcionantes" con Justicia el 31 de marzo y 4 de abril, coincidiendo con la huelga de letrados, anunciaron su intención de elaborar un calendario de "medidas de presión", ya que concluyeron sin avances y solo con el compromiso de convocar la Mesa de Retribuciones antes del 10 de mayo.
Para las organizaciones que justifican la huelga, no es suficiente con la convocatoria el 3 de mayo de la mesa, que podría desconvocarse en cualquier momento o concluir sin acuerdos, lo que consideran que sería "dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental".
Para los jueces y fiscales, esta convocatoria se produce en "un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos".
Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, "desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora".
"No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas", concluye.