La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz a 15 años de cárcel por 'Kitchen', un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del partido y sus dirigentes, situando el origen de este supuesto espionaje en el Ministerio pero advirtiendo de que no puede descartarse que en el mismo participaran "personas de diferentes instancias".
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano interesan asimismo una inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Además, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los mismos delitos.
Por otro lado, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por los mismos delitos.
Por esos delitos pide para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos Esgueva, 12 años y 5 meses de prisión, además de 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta. Añade que se debe declarar la nulidad de su nombramiento como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
Mientras, para el que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, la pena que solicita es de 12 años y 6 meses de prisión, más 28 de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, si bien entiende que en este caso concurre la circunstancia atenuante analógica de colaboración tardía.
En el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se produjo el espionaje, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento.
En su escrito la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez y Eugenio Pino Sánchez se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia", explica.
Anticorrupción detalla que la misma estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía" en la Audiencia Nacional: el caso 'Gürtel'. En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Luis Bárcenas quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa".
"Y todo ello con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional", añade el Ministerio Fiscal.
En "la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio" habrían participado Villarejo, Martín Blas, García Castaño y Gómez Gordo.
Así las cosas, el entonces DAO, con "el acuerdo pleno" de Fernández Díaz y Martínez contactó con el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. "Desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas, hacía gestiones privadas propias" del tesorero y su esposa.
El acuerdo alcanzado entre Ríos y la cúpula parapolicial llevó a que, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, informase "de forma exhaustiva e individualizada sobre las citas o reuniones que celebraban Bárcenas y su esposa, sobre el contenido e interlocutores de las conversaciones que aquellos mantenían y que tenía la oportunidad de escuchar e incluso sobre la situación anímica en que se encontraban, facilitándoles, además, copia de los documentos y efectos que trasladaba por encargo de cualquiera de los miembros de la familia". Como contraprestación por su labor, Ríos recibió 2.000 euros mensuales, una remuneración abonada con cargo a los fondos reservados de Interior.
El mecanismo, según Anticorrupción, era el siguiente: Villarejo, García Castaño y Gómez Gordo transmitían a Pino y Martínez la información y documentación relativa a Bárcenas y su entorno que Javier Ríos Esgueva les hacía llegar. Estos, a su vez, "reportaban toda esta información a Fernández Díaz como responsable máximo del Ministerio del Interior".
Por otro lado, la Fiscalía entiende que se debe archivar provisionalmente la causa para el comisario principal que fuera jefe de la UDEF y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera. Considera que no existen indicios de su intervención en los hechos.
De igual forma, considera que se debe archivar para José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, ambos colaboradores del exDAO Eugenio Pino. Indica que "el único dato objetivo que existe en la causa para vincularlos con los hechos objeto de esta pieza, no pone de relieve que los investigados (...) participaran de alguna manera, con mayor o menor relevancia causal, en ninguna de las actuaciones llevadas a cabo por los encausados para obtener información y documentación del entorno de Luis Bárcenas y su familia".
Ahonda el Ministerio Publico en que tampoco consta que llevaran a cabo ninguna actuación durante la estancia de Bárcenas en la prisión de Soto del Real "dirigida a obtener información y documentación que pudiera ser relevante en los hechos que se investigaban" en la Audiencia Nacional relativos a Gurtel.
El escrito de acusación de Fiscalía incluye que todos los procesados deberán indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a Luis Bárcenas con la cantidad de 6.000 euros, y a su mujer, Rosalía Iglesias Villar, en la cantidad de 3.000 euros por haberles espiado --"por los delitos contra la intimidad"--. Advierte el fiscal que de estas cantidades, 9.000 euros, responderá subsidiariamente la Administración General del Estado.
Además, considera que Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino Sánchez deberán indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 57.943,43 euros por el delito de malversación --por el dinero que le dieron de los fondos reservados al chófer de Bárcenas durante la operación--.
Y añade que respecto de esa cantidad total responderán también, de manera conjunta y solidaria, Sergio Javier Ríos Esgueva en la cantidad de 54.700 euros, Villarejo en la cantidad de 47.243,43 euros, Andrés Manuel Gómez Gordo en la cantidad de 10.000 euros y Enrique García Castaño en la cantidad de 700 euros.
Por último, la Fiscalía pide que declaren en el juicio como testigos tanto el abogado Javier Gómez de Liaño como el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.