Una delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo estará en España entre el lunes 20 al miércoles 22 de febrero para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, los llamados 'Next Generation EU'. Tienen previsto reunirse con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón.
La misión a España estará formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto.
Los eurodiputados, encabezados por la presidenta de la comisión, Monika Hohlmeier, quieren evaluar sobre el terreno la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, incluido el cumplimiento de hitos y objetivos, y en particular los sistemas de gestión, auditoría y control en vigor.
Junto a la presidenta la comisión europarlamentaria, Monika Hohlmeier, que lidera la delegación, viaja un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).
Los eurodiputados tienen previsto reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se entrevistarán con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación.
A propuesta del Gobierno español, efectuarán, además, una visita a un proyecto financiado con el Plan Nacional de Recuperación, el Centro Nacional de Neurotecnología.
"Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE con este nuevo instrumento financiero", ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier, antes de la visita.
La Comisión de Control Presupuestario, formada por 30 eurodiputados, es una de las 20 comisiones permanentes del Parlamento Europeo y su labor consiste en supervisar cómo se ha gastado el presupuesto de la Unión Europea y en formular propuestas para mejorar su gestión.
España sigue liderando el despliegue del Plan y recientemente se ha convertido en el primer Estado miembro en recibir una evaluación favorable de la Comisión para recibir el tercer desembolso de los fondos 'Next Generation EU', tras haberlo solicitado el pasado mes de noviembre.
El viernes pasado, la Comisión Europea dio el visto bueno al desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, al dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.
La evaluación satisfactoria de los 29 hitos y reformas necesita aún el aval también del resto de los Veintisiete antes de que pueda ejecutarse el pago, probablemente en el mes de marzo. Los 6.000 millones se sumarán así los 31.036 millones de euros ya recibidos, incluidos el adelanto de 9.036 millones y los 22.000 millones de los dos primeros tramos.
Con la validación del tercer tramo, Bruselas dio también por cerrada la supervisión del hito que exige contar con un sistema de auditoría informatizado, un compromiso que se dio por bueno ya con el primer desembolso pero que quedó comprometido a una vigilancia específica para asegurar su "cumplimiento continuado".
Fuentes comunitarias han apuntado que ahora los compromisos se han implementado, por lo que no habrá más seguimiento vinculado a este hito específico, el número 173, si bien añaden que cada uno de los planes nacionales está sometido a procedimientos de control y auditorías previstos por el reglamento.
El Ejecutivo español encara ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones, al tiempo que está ultimando el proyecto de adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que negocia actualmente con la Comisión Europea y que debería aprobarse en el mes de marzo.
Con esta adenda, el Gobierno pretende solicitar todos los fondos asignados a España. Esto incluye los préstamos (84.000 millones), además de las transferencias adicionales para el impulso a la economía estratégica (7.700 millones), así como las enmarcadas en el plan RePowerEU (2.600 millones).
La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 11 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico, el Perte de Descarbonización, que contará con 3.100 millones de euros. Este nuevo Perte, junto con el Perte Chip y el ERHA, serán los que más recursos adicionales reciban por su relevancia en ámbitos clave con la transición energética y la autonomía estratégica.
En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.
Los préstamos se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos --8 de ellos nuevos-- destinados al tejido productivo y proyectos regionales. Además, la adenda incluye un programa de reformas complementarias a las ya desplegadas. Se trata de 30 reformas, algunas de las cuales incluyen varias actuaciones, que dan cumplimiento a las recomendaciones específicas para España en el marco del semestre europeo.
Con todo, la ejecución del Plan de Recuperación junto con la adenda permitirá incrementar el nivel del Producto Interior Bruto (PIB) hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.