La decisión del Consejo de Ministros de aprobar los planes hidrológicos, incluido el Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, que supone un recorte del trasvase del Tajo al Segura, ha generado malestar en Levante (Alicante, Murcia y Almería), mientras que el Gobierno de Castilla -La Mancha, con Emiliano García-Page a la cabeza, califica el día como "histórico".
García -Page compareció ayer en rueda de prensa desde la sede de su Gobierno en la capital toledana arropado por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y las alcaldesas de Talavera de la Reina y Toledo, Tita García Élez y Milagros Tolón, para celebrar la decisión del Consejo de Ministros.
"Esta decisión histórica.significa "muchas cosas, y una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con directivas europeas y sentencias judiciales que el Tajo tenga un caudal mínimo". García-Page ha reconocido el enorme esfuerzo que ha llevado a esta media y llama a la reflexión a quienes tildaron de humo o coartada electoral.
"Hoy empieza a cambiar de color y tendencia la humillación del Tajo, de las tierras que baña y de su población", sentenció.
Este Plan Hidrológico tiene como principal novedad el establecimiento, por primera vez, de un caudal ecológico en la cabecera del Tajo. Ello implica una reducción del agua trasvasada que el Gobierno, en el peor escenario, cifra entre 70 y 110 hectómetros cúbicos y que los regantes sitúan en un fijo de 78 hm3/año.
También apuesta por la desalación como una de las medidas para suplir en agua del Tajo.
La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido el recorte del trasvase del Tajo al Segura y ha señalado que con estos planes "se asegura la disponibilidad de agua en las zonas con mayor riesgo y con mayor preocupación sobre la disponibilidad de este recurso."
Las reacciones de los presidentes de Valencia y Murcia y de los regantes (SCRATS) no se han hecho esperar.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, teme que la decisión del Gobierno tenga coste electoral para él en las próximas elecciones de mayo y apuesta por seguir dialogando para buscar soluciones.
Puig, mantiene su postura crítica. "Pase lo que pase, continuaremos reivindicando y dialogando".
ALICANTE
El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, se comprometió a defender el trasvase Tajo-Segura "en los tribunales, en la calle, con la verdad y con argumentos".
Igualmente, lamentó que la situación es "dramática desde hace demasiado tiempo" y ha reiterado que el PSOE ha recortado ya 22 veces el Tajo-Segura.
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, avanzó que los servicios jurídicos de la Comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir la decisión del Gobierno, que califica de "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura.
López Miras calificó la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo este martes en el Consejo de Ministros como "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas".
A este respecto, denunció que la nueva planificación de los ríos Tajo y Segura "recorta un 50% los envíos del trasvase". "El 24 de enero de 2023 quedará marcado por desgracia en la historia de la Región de Murcia y de España", dijo.
En Andalucía, Juanma Moreno aseguró que el recorte del trasvase del río Tajo al Segura es un disparate.
"Estamos absolutamente en desacuerdo y hemos pedido al Gobierno que pare, que se siente a dialogar con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias para no llevar a la ruina a un gran porcentaje del sector productivo del Levante", recalcó el presidente de la Junta de Andalucía.
Si todos vamos a confiar en unas desaladoras que no existen, que no dan en la cantidad de agua y a unos precios impagables, el futuro es muy oscuro para el regante", afirmó a las puertas de La Moncloa el presidente de SCRTAS, Lucas Jiménez.
Ante esta situación, anunció que SCRATS va a iniciar el camino de la lucha para lo que en el mes de marzo celebrará una asamblea con puertas abiertas para facilitar una afluencia masiva en la que se explicará las repercusiones de “lo que la ministra ha hecho”. “Vamos a dar la batalla legal.