El trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad. El agua dejará de correr por el acueducto hacia Levante. Tan solo falta que el Consejo de Ministros certifique su defunción para el año 2027. El Consejo de Estado dio hace unos días el visto bueno a los planes del Gobierno de España para el trasvase.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica del Tajo y que conlleva la implantación progresiva de caudales ecológicos en el río Tajo -con el consiguiente beneficion para Toledo y Talavera de la Reina- y la sustitución de parte del agua que se capta para el regadío del levante por otros recursos como el agua desalada, tal y como reclamaba el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Emilino García-Page.
La decisión ha generado malestar en Levante. Aunque, como llevamos informando desde hace años en La voz del Tajo, la respuesta para la continuidad de los regadíos en Murcia y Alicante existe y pasa por el uso de las aguas subterráneas y la desalación.
“El déficit hídrico en la Cuenca del Segura se debe a una mala gestión y a la no utilización de los recursos potenciales. La falta de agua podría equilibrarse fácilmente mediante el uso limitado y sostenible de las aguas procedentes de acuíferos subterráneos y una red eficiente de desalinizadoras”, mantiene Luis Francisco Turrión, hidrogeólogo que lleva más de 30 años estudiando la Cuenca del Segura.
Según los estudios realizados, hay agua suficiente para que Murcia se desenganche del trasvase Tajo-Segura. La gran mayoría de infraestructuras para poder lograrlo ya existen, solo que no se aprovechan. Las desaladoras ya están construidas, pero deben empezar a funcionar a pleno rendimiento, también los pozos de la batería estratégica- unos 60- que permiten recoger agua antes de que llegue al mar.
Turrión ya propuso, como informó La Voz del Tajo, el uso de este tipo de agua en su informe 'La trama del agua en la cuenca del Segura', elaborado para Greenpeace en 2017.
En dicho informe se especifica que el Plan Hidrológico del Segura no calcula el agua que contienen sus embalses subterráneos, es decir, sus acuíferos o masas de aguas subterráneas. “Estos almacenamientos de agua, ahora ignorados, fueron estimados ya a finales de los años 70 por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) en unos 100.000 hm3 para el conjunto de la cuenca del Segura; cifra que es 100 veces superior al total del agua que pueden acumular sus embalses superficiales”, detalla el informe.
La sobreexplotación del agua en la Región de Murcia no ha tenido como único afectado al río Tajo y directamente a la Castilla-La Mancha; el Mar Menor es otro de los recursos naturales que se han visto seriamente dañados por la falta de control en Murcia.
La proliferación de plantaciones ilegales con miles de hectáreas, el uso durante décadas de desaladoras privadas, la extracción de aguas de pozos, vertidos de salmueras, etc., sin autorización y en multitud de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena (Murcia), han contaminado el Mar Menor un espacio natural único.
Desde los noventa se fomentó el uso de desaladoras privadas que vertían salmuera -el vertido que resulta tras la desalación del agua- contaminada con nitratos al Mar Menor. Se diseñó una canalización pública para el vertido pero se dejó a medias, lo que propició la creación de una tubería ilegal que ha ido destruyendo el mar Menor.
Durante años, en lugar de controlar el uso de desaladoras ilegales y la contaminación del Mar Menor con dichos vertidos, desde Murcia se optó obviar lo que todo el mundo conocía. Y no fue hasta el 2017, tras la creación de la famosa ‘sopa verde’ en el Mar Menor cuando en Murcia decidieron, tras la presión popular y de las ONGs, tomar cartas en el asunto.
Agricultores, empresarios y políticos se sentarán en el banquillo por el ‘Caso Topillo’, donde se les juzgará por la contaminación por nitratos del Mar Menor procedente de las desalobradoras ilegales instaladas en el Campo de Cartagena (Murcia) en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2012 y 2017.
La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha acordado que se formen dos piezas separadas del procedimiento principal conocido como 'caso Topillo', iniciado tras la denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU). Así, el exconsejero murcino de Agricultura, Antonio Cerdá, y el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer, los responsables políticos señalados en la causa se sentarán en el banquillo en un juicio diferente al de los agricultores.
Las organizaciones ecologistas ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, personadas en el ‘caso Topillo’ piden 3 años de cárcel para el exconsejero Cerdá y 2,5 años de cárcel para Aldeguer por el ecocidio del Mar Menor.
Las tres organizaciones conservacionistas apuntan que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como su consejero de ese momento, Antonio Cerdá, como máximo responsable, pudieron haber mirado hacia otro lado con plena conciencia de las ilegalidades existentes, omitiendo los controles de los programas de actuación en materia de nitratos. De hecho, "ya la resolución del juzgado apuntaba no solo a esa omisión del que fuera consejero como máximo responsable en el periodo investigado, sino que valoraba que existen indicios de que esta omisión fuera deliberada".
Además, las organizaciones ecologistas lamentan que "no todos los responsables de la degradación que ha sufrido el Mar Menor durante décadas van a ser juzgados".