El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina la ilegalidad de la ley que ha supuesto la ejecución de miles de desahucios en España.
Irene González Moreno | Miércoles 23 de abril de 2014
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Talavera se hizo eco del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que manifestó la ilegalidad de una ley nacional que ha supuesto en nuestro país miles de desahucios y ejecuciones hipotecarias. El colectivo se felicita por que desde Europa les den la razón, cuando los dos principales partidos políticos de España hablaban de una ley irreformable. El dictamen deja clara la ilegalidad de los desahucios que se basan en una ley que incumple las normas europeas (y nacionales) de protección a los consumidores y no garantiza el derecho a la tutela judicial de los deudores ante las cláusulas abusivas. Hasta el momento, si un préstamo contenía cláusulas abusivas no había cauces legales para que los consumidores se opusieran a la ejecución de la vivienda y al consiguiente desahucio.
Tras esta histórica sentencia, los jueces pueden controlar la validez de los contratos hipotecarios y suspender los procedimientos hasta que se determine la validez de estas cláusulas. Para la plataforma, el Tribunal de la UE ha sentado precedente en nuestra legislación, aunque el problema no está aún resuelto, ya que “no reconoce la violación de los derechos fundamentales de la población por parte de las entidades financieras” durante años.
Decreto para vivienda protegida
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho público un decreto por el que se promueven las condiciones para facilitar el acceso a la vivienda protegida y, así, contribuir al mantenimiento de la actividad en el sector de la construcción. El objetivo principal es restablecer la verdadera función social de la vivienda protegida en la región, por lo que se determina un cupo de vivienda pública vacante destinada al alquiler social, para poder atender a los colectivos de atención preferente (como las familias procedentes de desahucio por ejecución hipotecaria).
El acceso a las viviendas se hará en forma de venta para las Viviendas de Precio Tasado (VPT) y Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP) o en forma de alquiler. El fin: deshacer parte del stock acumulado en la Comunidad, con la inclusión de una revisión de precios a la baja.