Más de mil intelectuales y profesores universitarios han subscrito una carta abierta a senadores y diputados para que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) proteja explícitamente la neutralidad política de los claustros.
Ahora esperan que Emiliano García-Page cumpla con su palabra de acudir al Tribunal Constitucional si finalmente las enmiendas al Senado no corrigen el polémico artículo que puede abrir la puerta a los pronunciamientos políticos como los que se produjeron en Cataluña a favor del 1-O y los condenados por el procés.
El pasado 10 de enero el presidente regional expresó que "una ley, como es la Ley de Universidades, no puede amparar que en sus claustros se puedan hacer pronunciamientos ideológicos como sucedió en el proceso de independencia de Cataluña. El último cambio que dice que los claustros de las universidades pueden hacer pronunciamientos ideológicos es grave, solo se hace para defender lo que pasó en algunos rectorados y algunos claustros en Cataluña con el proceso de independencia. Y eso no lo puede amparar una ley. Se sale por completo del marco constitucional, con éste o con el Tribunal Constitucional que venga, esto no tiene vuelta".
La Losu fue aprobada el pasado 22 de diciembre en el Congreso y ahora va a iniciar su fase de tramitación en el Senado. En el último momento, PSOE y Unidas Podemos aceptaron transaccionar una enmienda con ERC, Junts y Bildu en la que se recogía, como nueva "función fundamental" del claustro, la de "analizar y debatir temáticas de especial trascendencia".
La carta, promovida por Universitaris per la Convivència, la agrupación de profesores que interpuso estas denuncias, pide que se suprima el artículo de 45.2. g "puesto que no debe ser función del claustro analizar y debatir, y mucho menos posicionarse, sobre cuestiones de índole no académica".
Su primer objetivo es "hacer la suficiente fuerza para que den marcha atrás", pero tienen muy en cuenta que "voces socialistas, como la de Page", se hayan manifestado. Y, ante la posibilidad de que no se corrija esta ambigüedad en el texto definitivo, confían en que el presidente de Castilla-La Mancha salga a su rescate y que desde el propio PSOE cuestionen la constitucionalidad de la ley.