La zona de bajas emisiones de Talavera de la Reina no entrará en vigor hasta finales de 2023 y tendrá “excepciones” que estarán consensuadas con asociaciones de vecinos, empresariales, comerciales y agentes sociales. Así lo ha informado este jueves el concejal de Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, en una rueda de prena en la que se ha informado sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local.
Hidaalgo ha detallado que en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana se ha procedido a la clasificación de la propuesta de adjudicación de la empresa que ejecutará la instalación de las cámaras y sistema informático que regule esta zona.
En este sentido, el concejal ha indicado que la empresa aún tiene que presentar una serie de documentación que avale la oferta que ha presentado y, a partir de ahí, se pasaría a la adjudicación definitiva y a la firma del contrato, comenzando entonces el plazo de ejecución, que es de unos 10 meses.
Esta adjudicación, según ha señalado, “supone la instalación de las cámaras y del sistema informático que regularán esta zona de bajas emisiones, así como también la señalización horizontal y vertical, la instalaciones de paneles informativos que den cuenta del estado del tráfico y sensores de medición de la calidad del aire en toda la ciudad”. Para ello, se cuenta con un presupuesto de casi 1.400.000 euros.
El concejal ha destacado que desde el equipo de Gobierno ya se está trabajando en la futura ordenanza que regulará esta zona de bajas emisiones y que “en febrero comenzaremos a hacer una serie de consultas a asociaciones de vecinos, comerciales, empresariales y agentes sociales para conformar esta zona, una que lógicamente va a tener en cuenta las necesidades de estos colectivos así como la obligación de cumplir con esta normativa”.
Para llevar el control de acceso se van a implantar 23 cámaras con reconocimiento de matrículas, 11 paneles de señalización variable en toda la ciudad para facilitar información al ciudadano en tiempo real sobre restricciones, disponibilidad plazas aparcamiento, información del tráfico, avisos de incidencias y, también, 5 estaciones de medición de calidad del aire, junto con una plataforma digital de registro que va a gestionar la zona de bajas emisiones.
Con la zona de bajas emisiones, se implementará un cambio en la calidad del aire y en consecuencia en la salud de las personas. En la actualidad, en Europa existen más de doscientas ciudades que tienen definidas ZBE donde se aplican medidas para mejorar.
Luis Enrique Hidalgo ha indicado que desde el equipo de Gobierno se va a buscar “llegar a un equilibrio que sea del agrado de todos” y que “en ningún caso habrá una prohibición total y absoluta del paso de vehículos rodados a esta zona”. Igualmente, ha comentado que “habrá excepciones y éstas son las que vamos a regular entre todos”.
Hidalgo ha destacado que esta zona de bajas emisiones será “muy beneficiosa para mejorar el aire de la ciudad sin perjudicar la actividad económica o el día a día de los vecinos”.
Finalmente, el concejal ha recordado que esta zona de bajas emisiones se pondrá en marcha para cumplir con una normativa que viene impuesta desde la Unión Europea para cumplir con la Ley del Cambio Climático por la que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben desarrollar, desde el 1 de enero de 2023, una reserva de tráfico destinada a reducir la contaminación.
El concejal del Grupo Municipal Popular Javier Muñoz-Gallego ha criticado la “chapuza” del PSOE de Tita García en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) “que desde el PP llevamos avisando varios meses que entraba en vigor a principios de 2023”.
En ese sentido ha censurado el “doble desbarajuste” que supone que el equipo de Gobierno municipal quiera iniciar el próximo mes las consultas con los talaveranos “cuando esta zona se debería hacer efectiva desde el día 1”; por lo que esos encuentros con la población “llegan tarde y mal”.
Javier Muñoz-Gallego ha recordado que el PP lleva varios meses solicitando al equipo de Gobierno información porque entre los talaveranos “reina la confusión” y sobre todo la inseguridad económica ya que son muchos los comercios y los establecimientos hosteleros que desconocen cómo les va a afectar la puesta en marcha de la ZBE”.