Parece que los jueces y sus órganos de gobierno siguen siendo objeto de noticias. El viejo marino comenta:
—La actualidad sepulta rápidamente la noticia anterior, pero son tantas y tan sucesivas que parece que no van a tener fin. La ley del «sólo sí es sí», la sedición, luego la malversación y ahora la renovación del Tribunal Constitucional con un velado chantaje a los jueces para que se sometan al dictado del gobierno para realizar unos nombramientos, totalmente inadecuados que, lejos de ser independientes, llevan la etiqueta del PSOE en la frente y el carnet del partido en la boca.
Por si eso no fuera suficiente, los propósitos es cambiar la ley para que las mayorías cualificadas pasen a ser mayorías simples. Todo un asalto a la Constitución, al equilibrio de poderes y al consenso que la alumbró.
Son garantías jurídicas forjadas en la Constitución para evitar, precisamente lo que estamos viviendo: la polarización social y el que una minoría de la población dirija los destinos del país.
La mera suma aritmética de una mayoría simple en el Parlamento, no deben permitir leyes que, en la práctica, supongan cambios constitucionales. Ese argumento de que esa mayoría, es la expresión de la voluntad del pueblo español, es una mentira demagógica por diferentes razones.
Nuestro sistema electoral y la Ley D’Hondt favorece a las minorías y a las regiones, por lo tanto, están sobrerrepresentadas. Aquellos principios de la democracia como «una persona un voto» o «todos somos iguales ante la ley» hace muchos años que no se cumple y vamos en retroceso.
Una mayoría parlamentaria no implica que sea la mayoría de los españoles. Por eso se establecen mecanismos para que producir cambios o la renovación de puestos no baste con la mayoría simple.
Por eso es tan preocupante lo que está pasando con la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).
Hay una pregunta clara: ¿Cómo hemos llegado a este estado de cosas? Es incomprensible el culebrón al que estamos asistiendo, aunque para intentar entenderlo parece que debemos echar la vista atrás.
Interviene nuestra joven profesora:
—Desde aquel «Montesquieu ha muerto» que pronunció Guerra-González, bajo el subterfugio, una vez más, que los jueces, además de su función, eran un órgano del Estado y que no habían sido elegidos en las urnas.
Aquello sólo podía salir mal, los jueces son unos profesionales, con unas características y funciones concretas, sometidos a la ley y cuya independencia es una garantía de un Estado de Derecho.
Los resultados de aquellas medidas se dejaron notar en los años siguientes. Empezó la politización de la justicia, nombrando el gobierno de turno a jueces afines y, en algunos casos, que se plegaran a las exigencias o intereses del gobierno.
Por ello, a la llegada del PP, con Aznar como presidente, ya se tenían pruebas fehacientes de la deriva que conllevaban esos cambios, pero lejos de volver a la situación primigenia, es decir a la literalidad de la Constitución, vieron que, con el cambio, ese nuevo gobierno podía poner a sus magistrados y juristas afines, una vez más, siguieron con el «obsceno espectáculo» de la manipulación de los órganos judiciales.
El escenario actual es grosero y obsceno, estamos modificando las leyes para sacar a la calle a golpistas, terroristas y ladrones malversadores de fondos. Lo podemos adornar y mentir como es el argumento de una supuesta armonización con Europa, aunque lo cierto es que todo se está haciendo para tener los apoyos para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa.
El marino añade:
—En el reparto de culpas también hay que sumar la de los propios jueces que juegan a algo que no les corresponde.
El artículo 127 de la Constitución establece que los jueces en activo «no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos» y añade «la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional».
Por lo descrito, causa perplejidad que, algunos jueces utilicen las puertas giratorias de forma impúdica y pasen de la judicatura a la política dentro de un partido, vuelvan a la judicatura y después al Constitucional, como en el caso de J. Campos, el anterior ministro de Justicia.
Algo parecido ocurre con las «asociaciones profesionales» que han acabado con un sesgo político o ideológico, cuando lo que se espera de los jueces es asepsia e imparcialidad.
El juego de «la teoría de la interpretación objetiva» está rozando la injerencia del poder judicial en el ejecutivo o el legislativo. Eso ayuda a romper la separación de poderes y es una rebaja de la calidad democrática.
Comenta la profesora:
—Es una lamentable constatación que a las asociaciones se les asigne un sesgo ideológico, lo que nunca fue la intención de los padres de la Constitución.
Han convertido a las «asociaciones profesionales» en un lobby que desarrolla mucha parcialidad orientada por la ideología,
Todo esto se percibe, entre el común de los mortales, que estamos en un instrumento más para la politización y con ello surge una pregunta ¿Esto no roza la ilegalidad?
Algunos jueces deberían hacérselo ver, porque pierden las entretelas por el escalafón, la «carrera» y trepar en el escalafón. La suerte que tenemos es que eso es aplicable a toda la carrera judicial, afortunadamente, gracias a estos la justicia española todavía resiste el envite de la política
El marino remata:
—Habría que buscar una empresa de mantenimiento para que revise eso de las puertas giratorias.
Hoy nuestros amigos se alejan de la playa para que el poniente no se lleve sus buenos propósitos.