El Ejecutivo murciano y la Diputación de Alicante han firmado un acuerdo este lunes por el que ambas instituciones establecen una estrategia única de defensa "frente al recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura acordado por el Consejo Nacional del Agua".
El objetivo es "presentar cuantas acciones judiciales sean necesarias para frenar el objetivo del Gobierno de España de recortar un 50% el trasvase Tajo-Segura", según ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.
De hecho, ya están trabajando para presentar las "alegaciones oportunas" al Consejo de Estado sobre la decisión adoptada por el Consejo Nacional del Agua la semana pasada.
En este sentido, hay que recordar que la presión que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ejerce sobre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha dado su fruto, y ha conseguido que el Gobierno recorte el caudal de agua para Levnte.
El Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha defendido el fin de las derivaciones y el cumplimmiento de las sentencias sobre los caudales mínimos, cuya ressolución afecta favorablemente al río a su paso por Toledo y Talavera .
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico elevará al Tribunal Supremo (TS) el "recorte" al trasvase Tajo-Segura si el Consejo de Ministros respalda esta decisión.
López Miras ha indicado que, por el momento, se presentarán alegaciones al Consejo de Estado, pero ha adelantado que, en caso de salir adelante el recorte, acudirá a "las instituciones que sean necesarias" para evitarlo.
Al hilo, ha recordado que, según un estudio elaborado por el catedrático y director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Joaquín Melgarejo, el incremento de los caudales ecológicos recogidos en la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo supondrá la pérdida de 15.322 empleos.
"15.000 familias al paro y una pérdida de más de 5.000 millones de euros de aquí a 2027", ha lamentado el máximo dirigente de la Región de Murcia, tras lo que ha tachado de "inadmisible" que el Gobierno central "pueda tomar esta decisión que perjudica de esta forma" al Levante español.
Por otro lado, el president de la Generalitat ha insitido en “la necesidad de poner en marcha todos los mecanismos de influencia posible para defender los intereses de nuestra tierra”. “No se trata de estar en la confrontación permanente, sino en la solución”.
Puig apuesta el máximo dirigente del Govern por la vía de diálogo pero "si fuera necesario, como hemos hecho en otras ocasiones, iremos a los tribunales para defendernos”. Eso "si el Ministerio no actúa en consecuencia".