La tremenda polvareda que ha levantado la nueva Ley del ‘sí es sí’ sigue coleando por todo el país y demuestra, una vez más, que España no unifica criterios para lo que realmente importa.
Fuera de las valoraciones que podamos hacer sobre la norma promovida desde el Ministerio de la podemita Irene Montero, hay que convenir en algo esencial: hablamos de condenas a abusadores y violadores.
Si no están claros los postulados legales de la Ley, hay que consensuarla previamente con los estamentos que tendrán que aplicarla.
Si esto se ha hecho y no se está llevando a cabo en los términos legales procedentes, algo está fallando.
Pero es que en esta ocasión, el fallo es muy grave porque se están dejando en la calle a culpables de abusos sexuales.
Y, lo peor de todo, si esas excarcelaciones y condenas que ahora se aminoran son moneda de cambio político, es para montar lo más grande.
Jugar con la sensibilidad, el dolor y el miedo de las víctimas es una auténtica vergüenza.
No me gustan la mayoría de las cosas que dicen y hacen los políticos de PODEMOS, pero estoy completamente convencido que su intención no era ésta. Por el contrario, si miembros del estamento fiscal y judicial han optado por dejar en la calle a canallas violadores por dar una bofetada a la Ministra, tenemos un problema más grave de lo que parece.
Ese tortazo lo han plantado en la cara misma de las víctimas.