Hace dos años, Alberche del Caudillo, Entidad de Ámbito Territorial Menor al Municipio (Eatim), en la provincia de Toledo, aseguró que no renunciaría a su “apellido” en virtud de la Ley de Memoria Histórica, ya que no le había sido solicitado por los juzgados. Ahora la situación ha cambiado, ya que Eduardo Ranz, abogado de víctimas del franquismo, presentó ayer martes peticiones a ocho municipios de España, dos de ellos en Castilla-La Mancha, para que cambien su nombre y a veinte arzobispados y obispados para que retiren simbologías franquistas en aplicación de la recientemente aprobada ley de memoria democrática.
En un comunicado el letrado recuerda que aún existen ocho municipios con nombres dedicados "a quienes hicieron vivir la peor etapa de la historia más contemporánea" de España.
En concreto menciona tres en Castilla y León, Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos) y San Leonardo de Yagüe (Soria); dos en Extremadura, Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana, ambos en la provincia de Badajoz; otros tantos Castilla-La Mancha, Alberche del Caudillo (Toledo) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real), y uno en Andalucía, Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Ranz alega que el artículo 35 de la nueva ley establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos.
A su vez relaciona veinte territorios diocesanos con símbolos franquistas y explica que la ley señala que cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso pero con proyección a un espacio o uso público las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos.
En este sentido hace referencia a siete arzobispados, los de Oviedo, Mérida-Badajoz, Pamplona-Tudela, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Igualmente trece obispados, los de Getafe, Alcalá de Henares, Cartagena, Ciudad Rodrigo, Almería, Córdoba, Coria-Cáceres, Ourense, Orihuela-Alicante, Santander, Tui-Vigo, Calahorra y La Calzada-Logroño y Segovia.
El abogado explica que dicho precepto establece que "el incumplimiento de la resolución por la que se acuerde la retirada de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática cuando entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares" supondrá una multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
El abogado se congratula de que "pronto la simbología de exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá y será gracias a una ley democrática".Sin embargo, lamenta que aún estén presentes "en carreteras, mapas o centros religiosos de España simbología que recuerda" al franquismo.