Todos ellos pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tienen como mandato constitucional, según el art. 104 de nuestra Carta Magna, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Esta pertenencia al Estado es fundamental porque de ella se desprende su carácter de servidores públicos, su independencia, su profesionalidad, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y su servicio al interés general.
Patrimonializar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no solo atenta contra el afecto que todos los españoles sienten por una de sus instituciones más valoradas y respetadas, pues es patrimonio de todos, sino que desvirtúa los valores fundacionales de ambos Cuerpos. Esa pretensión también menoscaba la vocación de todos los hombres y mujeres que lo integran con la única misión de garantizar nuestros derechos y libertades en un Estado democrático que ofrece un modelo de convivencia igualitario, diverso y plural.
Desde estas líneas reivindico el carácter de servicio público que debe tener la seguridad nacional porque cuando este se pierde deja de ser un derecho ciudadano y el desarrollo de las sociedades siempre ha ido unido a la conquista de nuevos derechos y su involución con la pérdida de ellos.
Esta vinculación de la seguridad al servicio público es su mejor garantía, pues obliga al Estado a proveer de recursos humanos y técnicos suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el desarrollo eficaz y profesional de sus desempeños, que no solo se limitan a la prevención y persecución del delito y cumplimiento de la ley, sino que prestan una impagable labor asistencial, como hemos podido comprobar todos en episodios recientes como la pandemia, las incidencias climáticas y las catástrofes naturales.
El Gobierno de España está convencido y comprometido en este carácter público de este modelo de seguridad de las personas, que sitúa en el centro de sus objetivos la atención a los ciudadanos y ciudadanas y que lo asume como un servicio esencial para la preservación del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y los servicios a la Dependencia.
La seguridad es un valor intangible que impregna el desarrollo de la vida diaria y que está sometida a la evolución y los cambios de la sociedad.
Por esta razón estamos consolidando un modelo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para una sociedad del siglo XXI que, junto con la aprobación de planes estratégicos como Plan Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, el Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas (2022-2024) o el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, pueda afrontar con éxito los nuevos retos como la ciberdelincuencia, la violencia de género, el tráfico de personas, el crimen organizado o los delitos de odio.
Como consecuencia de ello hemos iniciado una nueva etapa en el sistema educativo de la Policía Nacional y Guardia Civil que permitirá la modernización de todo el sistema de selección y formación del Cuerpo, contando ambos en la actualidad sus estudios con rango universitario.
El pasado mes de julio en Castilla-La Mancha alcanzamos un récord histórico de agentes, siempre insuficientes, pero cuyo aumento es constante y firme. Nuestra región dispone de 6.671 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, gracias al aumento del 9,5% en las plantillas de los últimos cuatro años.
Ante la proximidad de la festividad de la Guardia Civil, quiero mostrar mi público reconocimiento por su abnegada vocación de servicio a todos los oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles que protegen y asisten a todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha.
Su vocación permanente de modernización de medios y conocimientos y la versatilidad de sus unidades, estructurada en 25 especialidades, es una garantía de profesionalidad en su quehacer diario y que aumentará sin duda, con la reciente creación de su propia Escuela de Criminalística.
Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma de marcado acento rural, en la que el despliegue de la Guardia Civil resulta fundamental para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas y de sus bienes.
Una seguridad que esperamos incrementar con el nuevo Plan de Seguridad Rural, que permitirá con el reforzamiento de los Grupos Roca, una respuesta especializada de la Guardia Civil para prevenir la delincuencia en el campo.
No por repetido, deja de tener un valor esencial el hecho de que la Guardia Civil es una garantía de vertebración de nuestro territorio. Por esta razón se encuentra en estudio posibles incentivos para los guardias civiles desplegados en zonas rurales para contribuir a su arraigo en el territorio y como un factor muy importante contra la despoblación, además de la dotación adicional de medios técnicos, equipamiento y movilidad.
En nombre del Gobierno de España y de su presidente, felicito a todos los que van a ser condecorados y condecoradas en el día de su patrona, y agradezco los años de servicios prestados a todos los que han pasado a la situación de reserva y retiro este año.
Convencido que podremos seguir contando con la profesionalidad, la cercanía y la protección de nuestra Guardia Civil, y nuestro empeño en seguir prestando nuestro apoyo en recursos humanos y materiales para el mejor desempeño de su labor, les deseo a todos muchas felicidades.
Francisco Tierraseca Galdón. Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha.