La okupación de viviendas en Castilla-La Mancha ha descendido un 7,29 por ciento en los siete primeros meses del año en comparación con 2021, según datos del Ministerio del Interior.
Dichos datos también detallan que en esos últimos meses se han detectado en la región un total de 458 okupaciones, frente a las 494 del mismo periodo del año pasado.
Los datos del Ministerio del Interior no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).
En Castilla-La Mancha, el descenso ha sido del 7,29 por ciento y, por provincias, en Toledo se han registrado más de la mitad de las okupaciones de la región, con 260; seguida de Ciudad Real con 87 casos, Albacete con 55, Guadalajara con 31 y Cuenca, con 25.
Los descensos se dan en todas las comunidades autónomas salvo la Comunidad Valenciana, donde crece un 23 %, Extremadura, un 5 %, y Murcia, un 3 %.
En el conjunto de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792 y en 2021, 17.274, a nivel nacional.
El ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska, ha destacado que los allanamientos y usurpaciones de morada han descendido entre un 7 y un 10 por ciento en los siete primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2021.
Los datos de Interior confirmaron en 2021 que los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad relacionados con 'okupaciones' --sin diferenciar entre allanamiento y usurpación-- marcaron cifra récord con una subida del 16,78% con respecto al año anterior, sumando Cataluña el 42,5% del total de 17.274 casos.
El primer cuatrimestre de 2022 reflejaba, no obstante, una tendencia a la baja del 4,38% si se comparaba con los mismos meses de 2021. Esta cifra ha sido actualizada a una horquilla de "entre el 7 y el 10%" de descenso incluyendo datos hasta julio del presente año.
El PSOE ha propuesto dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los 'okupas' en 48 horas (basándose en la Ley Antiokupación de Castilla-La Mancha) y que los jurados populares dejen de encargase de los casos de allanamiento de morada. Unidas Podemos ha criticado esta propuesta.
Ha sido el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, el que impulsó una iniciativa autonómica para forzar un debate en el Congreso con el fin de endurecer la legislación y que, entre otras medidas, planteaba que se pudiera restituir la vivienda a su propietario en 48 horas.