Los municipios de Castilla-La Mancha que han sufrido episodios de incendios forestales de Nivel Operativo 1 o 2 desde mitad de junio han sido declarados por el Gobierno de España como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la declaración, con carácter de urgencia, que garantiza “que se van a ver incluidas las cinco provincias de Castilla-La Mancha”, ha destacado el delegado del Gobierno de España en esta Comunidad Autónoma, Francisco Tierraseca.
De esta forma, ha subrayado Tierraseca en su valoración tras la aprobación, “tanto la población, como profesionales, empresas o municipios afectados podrán acceder a las ayudas económicas extraordinarias para reparar los daños ocasionados por esos incendios” que han tenido lugar este verano en nuestra región.
El delegado ha puesto de relieve también la “rápida respuesta” del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, con esta declaración, que beneficiará a las cinco provincias de Castilla-La Mancha y que llega apenas una semana después de la confirmación de casi 7,5 millones de euros en ayudas para esta Comunidad Autónoma para paliar los daños de las lluvias e inundaciones sufridas en la región en septiembre de 2021.
La declaración de hoy se ha aprobado “antes incluso de que haya finalizado la campaña de incendios” de este verano, lo que demuestra una rápida respuesta del Gobierno de España para “atender las necesidades de la población lo antes posible”.
Los de Castilla-La Mancha se encuentran entre los 119 incendios forestales de nivel operativo 1 o 2 registrados en nuestro país desde mitad de junio y que han llevado a incluir en esta declaración a las comunidades autónomas afectadas.
Pese a no existir todavía un balance detallado de los daños provocados por estos siniestros y su cuantía, la magnitud de sus efectos y de las medidas necesarias para superar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población provocada, para conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y para recuperar la normalidad en las zonas afectadas justifican la intervención en este momento de la Administración General del Estado.
En todo caso, esta actuación estatal respeta el principio de solidaridad interterritorial y se produce con carácter subsidiario, como complemento a las iniciativas que, en ejercicio de sus competencias, corresponde a las administraciones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales.
Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por estos incendios forestales y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.