Urbanismo contabiliza hasta 831 construcciones en parcelas ilegales en Talavera

El Ayuntamiento de Talavera consideró, recientemente, su voluntad de regularizar 29 de las 39 urbanizaciones o parcelaciones ilegales que existen en el termino municipal. El Plan de Ordenación Municipal (POM) contempla como legalizarlas a través de una figura urbanística, encontrando el principal problema en la dificultad para que los titulares de estas viviendas puedan hacer frente al gasto que esto conlleva, como el alumbrado, la recogida de basuras, la red de saneamiento, el encintado de aceras o el asfaltado, pese a que están consolidados, en muchos casos las edificaciones y los viales. La portavoz municipal, María Rodríguez, comentó que en estos casos, surge la necesidad de alcanzar el consenso por parte de todos los afectados en cada urbanización. En la Concejalía informan que la ciudad contempla 831 construcciones que se han originado, en diseminado, en parcelas ilegales.

Este tipo de edificaciones han ido creciendo sin control por parte de la administración competente “con cierto orden”, ya que tienen sus calles y caminos regulares, según explicó la también concejala de Urbanismo. Estas viviendas se construyeron sobre todo en suelo rústico, dando lugar a pequeños núcleos poblacionales. Para que tengan la consideración de suelo urbano, además de poner en funcionamiento los servicios mencionados, estas urbanizaciones tiene que ceden los estándares mínimos que marca la LOTAU, en cuanto a suelo dotacional y zonas verdes.

El afán del Consistorio tiene una lectura en clave positiva, porque “damos la posibilidad a esos ciudadanos que en su día no hicieron las cosas bien, como pedir las respectivas licencias”, dijo la portavoz. Aunque se quisiera, hoy es improbable legalizar las viviendas de forma individual, a no ser que se creara una figura urbanística, como estudio de detalle, PAU o proyecto de reparcelación. El hecho de que Urbanismo considere que 29 de las 39 son susceptibles de ser legalizadas es porque “están conectadas con la red general de abastecimiento, electricidad y saneamiento y los redactores consideraron que cumplían con los condicionantes para ser legalizadas”, dijo.

La titular de Urbanismo explicó que ya se han mantenido reuniones con el colectivo afectado, aunque la dificultad sigue siendo la misma: “es complicado afrontarlo económicamente y llegar al consenso de todos los propietarios para desarrollar juntos”, subrayó. Lo ideal en este caso sería la formación de una agrupación de interés urbanístico para gestionar el proceso, aunque “hay un porcentaje mínimo que están a favor”.

SOLUCIONES. La concejala confió en que, con el tiempo y cuando haya mejorado la coyuntura económica, estas urbanizaciones serán legalizadas. Respecto a las que no tengan posibilidad de regularizarse, Rodríguez manifestó que “son construcciones de hace mucho tiempo, la infracción ha prescrito y no podemos ordenar su demolición”.

ORÍGENES. Estas urbanizaciones surgieron en las afueras de Talavera, mayoritariamente, en zonas rústicas de las zonas de primera y segunda fase de ejecución del nuevo POM. “No están dentro de ningún sector de suelo urbanizable”. Al no existir las licencias preceptivas, no hay fechas oficiales, aunque existen construcciones desde hace más de cincuenta años, que también proliferaron con el 'boom' de la construcción y las hipotecas fáciles, según comentó Rodríguez. Estas viviendas normalmente se inician como pequeños huertos con casta de labranza que termina convirtiéndose en una vivienda con piscina. En la mayoría de las ocasiones se trata de propietarios individuales que han obtenido el terreno a raíz de la segregación de una superficie mayor tras una herencia.

SANCIONES. La portavoz municipal aseguró desconocer la existencia de una figura legal que castigara o contemplara estas construcciones sin la previa licencia municipal hace años. Sin embargo, actualmente existe el Servicio de Disciplina Urbanística que continuamente está penalizando, a través de expedientes, este tipo de ilegalidades. Cada vez que se inicia una obra, la Policía Local se encarga de verificar su legalidad; en caso de ser ilegal y carecer de licencias, se paraliza y si no es legalizable, se ordena su demolición y la correspondiente multa económica. “La finalidad es que no proliferen estas urbanizaciones, acotando el problema desde el principio”, resumió.

Lo que opinan los afectados

El tema económico es la principal traba que encuentran en la actualidad los propietarios de estas viviendas. “Yo estoy dispuesto a regularizar la situación, pero a mis vecinos ahora no les interesa a no ser que sea por la fuerza”, explicó a La Voz del Tajo el dueño de una parcela en las inmediaciones de la Carretera de Cervera, asegurando que “mi sueño es hacerme una casa nueva”. Este afectado, que cuenta con una pequeña caseta y una piscina comentó que “el tema se ha movido, pero el 100% del consenso hoy es impensable”.

“Hace diez años lo habríamos hecho con los ojos cerrados, pero hoy es inviable porque la mayoría no quieren que se revaloricen los terrenos”, dijo el propietario de una finca en el Camino Horcaperros, que consideró que los más interesados son los más próximos al núcleo poblacional talaverano.

El portavoz de la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores (Apovata), Víctor Jiménez, reiteró los problemas económicos que tendrán que asumir además los propietarios de fincas y parcelas con la nueva valoración catastral, considerando que el valor del suelo está un 60% por encima del precio real. Jiménez cree imposible que los afectados de estas urbanizaciones ilegales puedan hacer frente al costo, por lo que instó al Ayuntamiento a valorar como asumir el costo entre todas las partes.