La protectora de animales El Refugio ha solicitado prisión provisional para un empresario acusado de torturar animales para vender su sangre, cuyos cadáveres eran incinerados en un crematorio de Yuncos (Toledo).
Por ahora, se ha acordado como medidas cautelares la clausura temporal de los locales donde se realizaba la actividad delictiva, así cómo la suspensión de actividades sociales y ha ordenado la prohibición de la tenencia y ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales.
La instrucción se sigue en un Juzgado de Fuenlabrada contra el dueño de una mercantil que comercializaba presuntamente con la sangre de animales que tenía a su cargo. Además, se ha solicitado por parte de la protectora la intervención de sus ilícitos ingresos.
Ante la Guardia Civil, el empresario se negó a declarar y en las próximas semanas será llamado a declarar en el marco del procedimiento judicial, según han detallado a Europa Press fuentes jurídicas.
Según el fiscal, el empresario supuestamente sometía a los animales "a prácticas dolorosas y crueles" para extraerles gran parte o la totalidad de su volumen sanguíneo "sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarles la muerte".
El objeto de estas macabras prácticas era la venta ilegal del plasma de los animales cruelmente sacrificados, que llegaban a clínicas veterinarias de toda España, así como a otros países de la Unión Europea.
En el operativo policial, se detuvo al empresario como presunto máximo responsable de la trama, así como el encargado de las instalaciones intervenidas. También fueron rescatados 240 animales, en su mayoría galgos, que se encontraban en malas condiciones.
El único propósito de este tipo de actividades era la "completa" extracción de sangre a los animales que era trasladada en neveras portátiles hasta el local donde se encuentra el laboratorio y, una vez allí, se preparaba la sangre extraída para su posterior venta, comercialización y distribución en las distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid. Los cadáveres de los animales eran incinerados en un crematorio de Yuncos (Toledo).
La Fiscalía sostiene que entre los meses de abril y mayo de 2022 contabilizó 60 animales que, después de las necropsias y periciales practicadas, se llegó a la conclusión de que su muerte no se produjo por un proceso biológico natural de enfermedad, "sino al ser exanguinados".
Se trataba de 27 perros, 29 gatos, 3 conejos y 1 hurón. En cuanto al beneficio económico que se pudiera haber obtenido con la comercialización de la sangre de los animales, la Fiscalía estima que el valor aproximado que alcanzaría en el mercado sería de unos 80 euros por 400 miligramos de sangre de perro y 85 euros por 40 miligramos de sangre de gato.
Respecto a los fármacos eutanásicos, la Fiscalía advierte de que sólo pueden ser dispensados en farmacias y agrupaciones ganaderas previamente autorizadas y supervisadas por sus farmacias proveedoras, y adquiridos por veterinarios que lo pidan.