La Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de Castilla-La Mancha garantizará la asistencia sanitaria y psicológica a las víctimas, así como diversas bonificaciones en transporte urbano e interurbano, en impuestos como el de sucesiones o actos jurídicos documentados y facilidades para acceder a los planes de empleo.
Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, quien ha explicado que este martes el consejo de Gobierno de la región ha aprobado el anteproyecto de ley y que este va a ser remitido al Consejo Consultivo de la región.
"La ley responde a un compromiso del presidente regional, Emiliano García-Page, hacia las asociaciones de víctimas del terrorismo", ha asegurado el vicepresidente, quien ha recordado que ya se han llevado a cabo en la región actos de reconocimiento como en el Día de la Región de 2018 en Talavera de la Reina.
Además, esta ley va a propiciar en la comunidad "el contexto necesario para el reconocimiento a las víctimas, con una serie de medidas de incentivación positiva hacia las víctimas que viven ahora en la comunidad, que asciende a 284, o a las que pudieran empadronarse en la región de cara a futuro".
Un texto que se articula en 4 títulos, 36 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y cuatro finales en las que, en primer lugar, hay actuaciones de reconocimiento a las víctimas y de sensibilización al conjunto de la sociedad para mantener el recuerdo de las víctimas "vivo".
Del mismo modo, el texto incluye una serie de distinciones que podrán otorgar por parte de la comunidad, y que irán destinadas a las víctimas o a las personas e instituciones que hayan actuado de forma destacada en la atención a las víctimas.
Además, se recogen más medidas en el ámbito competencial de la comunidad. Desgranadas por competencia, en cuanto a la sanidad, se garantizará la atención sanitaria a las víctimas de terrorismo haciendo "especial hincapié" en la atención psicológica tanto durante los tiempos posteriores a los actos terroristas como a lo largo de la vida de la persona cuando sea necesaria dicha atención".
También habrá atención psicopedagógica a aquellos alumnos que la necesiten para seguir impulsando sus estudios. En materia de servicios sociales, se planteará un acceso prioritario a los servicios que presta la comunidad, como ayuda a domicilio o teleasistencia, así como al reconocimiento de los grados de dependencia y prioridad a la hora de acceder a los recursos residenciales que pudieran necesitar las víctimas.
En educación, tendrán acceso preferente a las ayudas de comedor escolar, a la adquisición de material, transporte o residencia universitaria, así como exención en tasas en materia académica y se garantizará el acceso gratuito a las actividades culturales de la comunidad.
Respecto a la materia de empleo, las víctimas tendrán preferencia a la hora de participar en los diferentes programas de empleo y formación para el empleo, y además se les garantizará el acceso y la inclusión laboral, así como se diseñarán itinerarios personalizados para cada una de las víctimas que lo solicite.
En lo que respecta al transporte, se prevé una bonificación del 50% en transporte interurbano en la comunidad y la posibilidad de suscribir acuerdos con las grandes ciudades que tengan transporte urbano para sus tarifas. En cuanto a la vivienda, también tendrán un acceso preferente en el caso de que sea necesario otorgar recursos de vivienda.
Además, en ámbito económico la ley recoge una serie de bonificaciones fiscales como en las tasas de exámenes de los procesos de selección de la comunidad y bonificaciones en los impuestos autonómicos como el de sucesiones y actos jurídicos documentados en el caso de adquisición de la primera vivienda.
Martínez Guijarro ha agradecido a las tres asociaciones de víctimas, como la Asociación de Victimas del Terrorismo, la asociación de víctimas del 11M o la asociación de Víctimas de los Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado su participación en los distintos procesos de redacción de esta ley, que lo ha acometido la viceconsejería de relaciones institucionales.
"Hemos intentado ser cuidadosos por lo sensible del tema y hemos querido contar con ellas", ha asegurado el vicepresidente, en un proyecto de ley cargado de "mucha alma y va muy en el corazón" porque, aunque en un principio van destinadas a las 284 víctimas reconocidas por el Ministerio de Interior que viven en la comunidad, está abierta también a aquellas víctimas que se pudieran empadronar a futuro en la región.
En cuanto a los plazos, Martínez Guijarro ha explicado que, tras la aprobación de este martes en Consejo de Gobierno, el texto va a pasar al Consejo Consultivo, que tendrá un mes para analizar el texto y presentar mejoras si así lo considera. Una vez pasado ese tiempo, que calcula llegue en septiembre, el anteproyecto pasará a las Cortes.
Respecto al Parlamento, el vicepresidente espera que el anteproyecto esté aprobado antes de que finalice el año y sea por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, para que así se refleje "la unanimidad con la que el texto ha sido redactado".