El presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha pedido amparo a Carlos Lesmes, presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, para denunciar las "imputaciones falsas" del exjuez 'talaverano' Fernando Presencia contra magistrados de esta Sala.
Marchena denuncia en un escrito que el magistrado condenado por prevaricación ha difundido en su página web y
Además, desde el Alto Tribunal se ha informado que han detectado “intentos de modificación de la página Wikipedia de algunos de los afectados, con el objeto de incluir una mención específica a esos actos de corrupción, ofreciendo como prueba de su veracidad el enlace de su web”.
Dice el escrito de Marchena que su preocupación se acrecienta por el hecho de que estas imputaciones se están realizando desde una asociación (contra la corrupción), que “podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa que pudiera ser utilizada para denigrar a las personas o instituciones que, por una u otra razón, se oponen a los designios de su promotor. Se trataría por tanto de una persona jurídica concebida con el único objeto de ponerse al servicio del delito”.
Y añade que, además, esta asociación “reclama” desde su web donativos a la cuenta corriente de la asociación para seguir adelante “en su fingida lucha contra la corrupción”. “Todo apunta a que Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala”.
Así, Marchena le traslada a Lesmes “no solo la indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosos, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo”.
Según Fernando Presencia son corruptos la Asociación Jueces y Juezas para la democracia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; la ministra Margarita Robles, o el ministro Fernando Grande-Marlaska entre otros muchos cargos públicos.
De hecho, Presencia se presenta como juez aunque, en 2018, el Tribunal Supremo ratificó la condena de 10 años de inhabilitación especial, lo que conlleva la pérdida definitiva del cargo de juez, y una multa de 3.600 euros impuesta por un delito de prevaricación. Según el fallo, el que fuera magistrado archivó una querella por delito de estafa contra una persona, que según quedó acreditado, era amigo suyo.