La ley antiocupación que ha impulsado el Gobierno de Emiliano García-Page servirá de base para la futura ley nacional que está preparando el Ejecutivo central en esta materia. Así lo ha destacado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha participado, junto a la directora general de Vivienda, Inés Sandoval, en el I Congreso de Ocupación Ilegal que han organizado los Colegios de Abogados de Málaga, Barcelona y Mataró.
En este contexto, Hernando ha destacado que el “Gobierno de España ya está trabajando en un texto legal sobre la base de la ley que aprobó Castilla-La Mancha” y ha remarcado que el Ejecutivo central “se lo está tomando en serio”.
En este sentido, ha recordado la reunión que mantuvo el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha tenido continuación con mesas de trabajo en La Moncloa.
El consejero de Fomento ha detallado la proposición de ley que se aprobó en las Cortes regionales en el pasado 2020 y en la que se recogen medidas como “más agilidad en la parte penal, a través de juicios rápidos y el incremento del catálogo de medidas judiciales, como las cautelares; el reforzamiento de la tutela civil y ampliación de la legitimación activa para las comunidades de propietarios y los ayuntamientos; regulación de la vivienda vacía; refuerzo del papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y el papel protagonista que deben jugar las diputaciones y corporaciones municipales, a través de sus servicios sociales”.
El responsable de Fomento se ha mostrado satisfecho por la sensibilidad existente en esta materia y la voluntad de los distintos agentes sociales para establecer métodos comunes para abordar la problemática de la ocupación, que ha asegurado “sufren las personas que han empleado los ahorros de una vida para comprar una vivienda”.