La mayoría de ayuntamientos de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes no dispone de todas las herramientas exigidas por la normativa sobre la implantación total de la administración electrónica y la transformación digital, según se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas.
En concreto, el informe del Tribunal de Cuentas fiscaliza, entre otras cosas, el estado de la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes. Para ello, ha tomado una muestra de 38 consistorios de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y la Región de Murcia.
Ante esto, el tribunal fiscalizador apunta a que solamente uno de estos ayuntamientos disponía de todas las herramientas exigidas por la normativa, mientras que otro, sin embargo, no había desarrollado ninguna.
Asimismo, el informe concluye que la asistencia de las administraciones provinciales a los ayuntamientos de esta población en cuanto a la administración electrónica fue "incompleta", al no incluir, en la mayor parte de los casos, "la totalidad de las herramientas que era obligatorio por ley disponer".
Es más, según este informe, algunas de estas administraciones provinciales excluyen a determinados ayuntamientos por su tamaño en esta materia y algunas entidades locales tampoco prestaron asistencia en cuanto a administración electrónica a los municipios de su ámbito territorial.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas también ha aprobado un informe sobre inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos en el ejercicio 2019, analizando, para ello, los consistorios de Alcalá de Henares, Córdoba, Madrid, Málaga, Sant Pere de Ribes, Santander, Valencia y Valladolid.
Para ello, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para llevar a cabo estas inversiones en 2019, comprobar si las cuantías destinadas a ellas cumplían los límites legales establecidos, verificar si las inversiones analizadas cumplían los requisitos legalmente exigibles y analizar si estas inversiones fueron financieramente sostenibles y contribuyeron al crecimiento económico.
Pues bien, el informe ha constatado la ausencia de una regulación completa sobre esta materia, y se han detectado la existencia de inversiones que no cumplían los requisitos para ser consideradas financieramente sostenibles e inversiones aprobadas en el ejercicio anterior que no habían sido ejecutadas en el plazo máximo previsto para ello.
Por ello, el Tribunal de Cuentas sugiere que se complete la regulación sobre la materia para que resulte más homogénea y coherente evitando criterios interpretativos. Además, insta a los responsables de las entidades locales a incrementar la publicidad de los criterios para la determinación de superávit y mejorar los sistemas de control de las inversiones.