El Partido Popular, y por ende su dirección nacional desde el Comité de Derechos y Garantías, cierra el expediente informativo abierto contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la vista del comunicado emitido ayer viernes por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que proporcionaba las explicaciones que le habían solicitado acerca del polémico contrato por el que el hermano de la presidenta había cobrado una cantidad de dinero.
El propio Pablo Casado fue el encargado de hacerle saber a Díaz Ayuso esta decisión de zanjar su expediente abierto, y por consiguiente su posible expulsión, durante la reunión que los dos dirigentes mantuvieron ayer por la tarde en la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova, según ha trascendido desde las filas del PP, aunque también aseguran fuentes cercanas a Ayuso que la reunión "acabó sin acuerdo".
En ese encuentro, que se prolongó varias horas, Casado aseguró además a Ayuso que "nunca" ha ordenado investigarla y que emprenderá acciones legales contra quien sostenga lo contrario. Además, defendió la necesidad de "unir" al PP y "seguir defendiendo junto a todos los militantes del PP el mejor proyecto de futuro para España", han informado fuentes de la dirección nacional.
Todo este maremagnum de titulares de prensa que han inundado todos los medios nacionales durante los últimos parece disolverse con la aceptación por parte de Casado de las explicaciones de Ayuso aunque habrá que conocer cuáles serán las personas ‘damnificadas’ por la polémica.
El nombre de Teodoro García Egea queda en el alero tras esta decisión pero aún no se sabe si él será el ‘daño colateral’ que soportará todo el peso del enfrentamiento ocurrido en las últimas jornadas.
Lo que sí se ha puesto de manifiesto es la división de opiniones que ha generado este problema y las manifestaciones públicas llevadas a cabo por numerosos militantes tanto en las calles como en las redes sociales o los medios de comunicación.
Asimismo, la Justicia tendrá que dirimir sobre la denuncia interpuesta por varios grupos políticos para esclarecer lo ocurrido con el susodicho contrato de las mascarillas adquiridas por la Comunidad de Madrid a una empresa que mantenía contacto con el hermano de Díaz Ayuso.