Las guerras internas por el poder en los partidos políticos en distintas instituciones no son nada nuevo. Las disputas que se han abierto por el control del grupo popular en la Diputación de Toledo ya la vieron los ‘populares’ en otra Diputación regional, la de Guadalajara en 2004.
En aquella ocasión el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular decidió expulsar a siete de sus diputados provinciales en la Diputación de Guadalajara (Felipe López, Carmen Rosa Luque, Carlos Moreno, Jorge Barquinero, Jaime Leceta, Jesús Ortega y Juan José Alcalá) al no aceptar que Juan Antonio de las Heras fuese nombrado portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial por el Comité Ejecutivo de Guadalajara, como ha recordado La Tribuna.
Dieciocho años después la historia podría repetirse en el PP de Toledo, ya que siete diputados provinciales están en contra de la decisión adoptada por el Partido Popular de Toledo al designar a Carlos Velázquez, -presidente provincial-, para que asuma la Presidencia del Grupo Popular en la Diputación de Toledo, siguiendo los estatutos nacionales del partido -artículos 63.5 y 63.12-. Esta decisión ha sido calificada por los siete diputados como una "autoproclamación”. Y recuerdan que Velázquez tiene que cumplir la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y no regirse por los Estatutos del Partido.
Mientras que José Manuel Velasco, vicesecretario general, ha insistido en que el Velázquez tiene que sustituir a Manuel Fernández, alcalde de Gálvez, en su cargo como presidente, como sí lo establecen los estatutos del partido; mientras que los diputados ‘resistentes’ recuerdan que según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, “los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes”, es decir, la mayoría de los diputados que integran el grupo de los populares
Siete de los once diputados provinciales promovieron la destitución de su portavoz, Juan Antonio de las Heras, en favor de Carlos Moreno, con el argumento de que la mayoría de los diputados estaban en contra de los criterios de la dirección del grupo. La cúpula del PP de Guadalajara reaccionó y suspendió cautelarmente de militancia a los diputados.
Los expulsados recurrieron a la justicia su expulsión; Primero ante la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Guadalajara y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Este último órgano judicial ratificó en 2009 la expulsión de los diputados del Partido Popular y de su Grupo Popular en la Diputación.
El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha evitado pronunciarse sobre la disputa por el poder en la Diputación provincial y una posible solución regional. “Los asuntos internos del PP se estudian y se resuelven dentro del seno del PP y no en los medios de comunicación", contestó el pasado fin de semana Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.
Agudo sigue sí a rajatabla las directrices de los populares castellanomanchegos que apuesta por “dejar pasar el tiempo” y que los diputados provinciales de Toledo “hagan lo que tengan que hacer” , tal y como comunicaron desde el departamento de prensa del PP de CLM a La Voz del Tajo.