En la mañana de hoy, 14 de enero, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que va a habilitar una partida de 1,4 millones para conceder una ayuda de entre 4.000 y 10.000 euros a los 198 ganaderos de vacuno de leche que hay en la región. Durante la reunión mantenida entre la Consejería de Agricultura, la Asociación Frisona de Castilla-La Mancha (AFRICAMA) y la regidora talaverana, Tita García-Élez como mediadora, se han llegado a varios acuerdos.
De los 198 ganaderos que hay en la región, 165 pertenecen a la provincia de Toledo. Además, el 80% de ellos trabajan en la comarca de Talavera, por lo tanto, la mayoría de la ayuda irá a parar a tierras talaveranas.
Los titulares de las explotaciones de hasta 50 vacas recibirán 4.000 euros, los que tengan hasta 100 recibirán 6.000 y los propietarios de las explotaciones que tengan más de 100 animales serán ayudados con 10.000 euros.
En la reunión han llegado al acuerdo de mantener conversaciones con la industria comercializadora para que haya una sintonía común entre todas las partes. El fin de la ayuda es compensar parte de las pérdidas sufridas durante estos meses por los elevados costes de producción.
Además, se desarrollarán dos nuevos proyectos, que servirán para tener soluciones reales encima de la mesa.
El primer proyecto se trata de un PDR (Programa de Desarrollo Rural), enfocado a la investigación genómica, para provocar más competitividad por parte de los productores de leche y un abanico mayor de producción lechera en la comarca de Talavera.
Por otra parte, el segundo proyecto es un apoyo en el control lechero, es decir, el control de producción. Tenía una partida inicial adjudicada de 100.000 euros, que se va a triplicar y pasará a ser de 285.000 euros.
Desde hace unos meses los ganaderos llevan denunciando una situación calificada de “crítica”, y que de no solventarse la crisis de precios y costes de producción, muchas de las explotaciones estarían abocadas a la desaparición. Cabe destacar que el sector vacuno de leche en la comarca de Talavera genera un volumen de negocio que ronda los 100 millones de euros y crea un empleo directo de 2.000 puestos de trabajo.
Con estas soluciones se llegaría a un acuerdo, para poner fin a una problemática que lleva meses en activo. Se trata de una realidad, que en abril comenzará a cobrarse.