El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción ante la ratificación judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de las medidas adoptadas en la resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Tribunal, según ha informado la Junta en nota de prensa, confirma que se trata de medidas que están justificadas y tienen como finalidad última salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de personas especialmente vulnerables y que pueden considerarse necesarias e idóneas para hacer frente a esa situación de tasas ascendentes de contagios, valorando igualmente la escasa incidencia que tienen respecto a los derechos fundamentales afectados.
Así, en cuanto a las visitas, el Tribunal ratifica la limitación de una visita por residente y semana, y de duración máxima de dos horas. Dichas visitas deberán ser gestionadas mediante cita previa con el centro.
Se ratifica también la realización de pruebas de diagnóstico de infección activa a las personas que ingresen o reingresen al centro y también a las personas trabajadoras de los centros, diferenciando respecto a éstas según hayan sido o no vacunadas, que se justificarían por la necesidad de evitar transmisión para los pacientes o residentes en esos centros dada su mayor vulnerabilidad, y evitando así que quede afectado el funcionamiento de los centros.
En este caso, el Gobierno regional pondrá a disposición de los centros residenciales para mayores y personas con discapacidad, pruebas diagnósticas de infección activa. Estas medidas preventivas, estarán vigentes finalmente hasta el próximo 17 de enero de 2022.