Las Cortes regionales han aprobado hoy la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, unas cuentas “elaboradas con cabeza, pero, fundamentalmente, con el corazón y el alma que caracterizan al presidente Emiliano García-Page y a su Consejo de Gobierno”.
De este modo se ha pronunciado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno del Parlamento autonómico, en su intervención final antes de la votación del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre esta iniciativa legislativa, que ha salido adelante con el voto favorable de la mayoría de los diputados.
De esta forma, se ha dado luz verde a un presupuesto que asciende a 12.273,5 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento respecto a las cuentas de este año y 171,1 millones más. “Unos presupuestos que miran por las familias, por las empresas y los autónomos, refuerzan los servicios públicos fundamentales y son la principal herramienta para la reactivación económica y el empleo”, ha aseverado Ruiz Molina.
El consejero ha incidido en que es un presupuesto que “parte del diálogo social, que es la seña de identidad de la sociedad castellanomanchega y de este Gobierno” y ha explicado que financia las más de 700 medidas recogidas en el último Pacto por la reactivación económica y el empleo, firmado con los empresarios y con los agentes sociales, y que va a permitir hacer frente a los principales retos de Castilla-La Mancha, como son la modernización del sector productivo, el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y el agua, la sociedad del bienestar y la lucha contra la despoblación.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mostrado su agradecimiento al grupo socialista por el trabajo desarrollado en su “búsqueda incansable del consenso” ante las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición. Un agradecimiento que también ha trasladado a los empleados públicos de la Administración regional por su labor en la elaboración de los presupuestos; al personal de las Cortes regionales; a todos los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha; y, en particular, al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y a los profesionales que están en primera línea en la lucha contra la Covid-19.
Dentro de los presupuestos de Castilla-La Mancha se pueden diferencias dos grandes bloques de políticas: las relacionadas con el Estado del Bienestar y las encaminadas al crecimiento económico y el empleo.
Respecto al gasto social, se destinarán 6.758 millones de euros a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estos recursos suponen en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero y consolidan la inversión extraordinaria realizada este año en este ámbito.
Desde que gobierna García-Page, el gasto dirigido a sostener el Estado del Bienestar se ha incrementado en más de un 50 por ciento y la mitad de ese incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria.
Por su parte, las actuaciones de carácter económico superarán los 1.863 millones de euros, lo que supone una variación del 6,1 por ciento respecto a 2021, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.
Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, la apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+i, el refuerzo de las políticas de empleo y las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental.
Las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, cuentan con 1.463 millones de euros, destinados a las infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos fundamentales, la modernización del tejido productivo, la transformación digital y las infraestructuras de carácter general.
Asimismo, los presupuestos para 2022 incluyen un importante volumen de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, concretamente, 728 millones de euros que se distribuyen entre las diferentes políticas tractoras.