Las ordenanzas incluirán la sustitución de las faltas leves por trabajos a la comunidad

El pleno aprobó de forma unánime la moción que presentó el PSOE relativa a la creación de un instrumento para la sustitución de sanciones económicas por la realización de trabajos para la comunidad. La concejala socialista Rosa Bello defendió el “carácter social” de este punto, ya que pretende ayudar a todas aquellas personas que no disponen de recursos para afrontar las sanciones económicas. “No es perdonar deudas, sino ofrecer alternativas en la situación actual”, concretó. Desde el PSOE se defendió también el valor pedagógico de esta moción, que recoge la adopción voluntaria a la misma por parte de los afectados. El portavoz de IU, José María Domínguez, se mostró favorable desde el principio, mientras que el viceportavoz del PP, Jaime Ramos, explicó que ya existen medidas de este tipo en ordenanzas como la de la Convivencia y el Ocio de 2006, donde aparecen medidas educativas o reparadoras. Pese a ello, los tres grupos acordaron encargar a los servicios jurídicos que ordenanzas son susceptibles de esta modificación.

DESAHUCIOS. Muy diferente fue la moción relativa a los desahucios, que pese a ir en los puntos 3 y 5, del PSOE e IU, respectivamente, se debatieron en bloque para acortar la sesión. El resultado de ambas fue idéntico, apoyo de los dos partidos de la oposición y rechazo por mayoría del PP.

IU pidió al Ayuntamiento un papel mediador en una ciudad en la que se desahucia una familia por día. Entre sus medidas optó por que se retiren las cuentas de los bancos o entidades que ejecuten desahucios y la intercesión con los mismos para que se facilite la dación en pago o el alquiler social. Igualmente, la concejal del PSOE Flora Bellón invitó al Gobierno a trabajar sólo con bancos que paralicen los desahucios, que la Policía Local no intervengan en los mismos y que se modifique la Ley Hipotecaria. Jaime Ramos basó su voto contrario en que existen relaciones económicas con los bancos que no pueden suspenderse y defendió las últimas medidas del Gobierno central como la moratoria de dos años para los desahucios y la creación de fondos para alquiler social.