El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, preguntado por la Vía Verde de la Jara, ha indicado que la institución provincial está dispuesta a hacerse con su gestión pero solo si está en condiciones de ser recepcionada.
"Si necesita unas mejoras, háganse esas mejoras y nosotros asumiremos la gestión a futuro porque creemos que tiene potencial y que puede ser motor de dinamización turística en la comarca", ha dicho, para agregar que haciendo caso a los informes técnicos de la Diputación no se puede recepcionar una infraestructura "que no está en condiciones de ser recepcionada".
Hy que recordar que alcaldes de la comarca de la Jara, del Grupo Popular de la Diputación y del PP provincial, han reclamado a la Diputación que invierta en la recuperación de la Vía Verde de la Jara. Un de las demandas del PP es que se integre a los municipios de la desaparecida Mancomunidad de la Vía Verde de la Jara y al Ayuntamiento de Talavera en las labores de recuperación de la Vía Verde
El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobó a finales de noviembre, por unanimidad, con una enmienda del PSOE, la proposición del Grupo Municipal Popular para reclamar la recuperación de la Vía Verde de la Jara e instar a la Diputación provincial para la negociación y firma del acuerdo con ADIF y que asuma la gestión y financiación de este enclave natural.
La Vía Verde de La Jara es un patrimonio tuistico de primer orden para la propia Ciudad de la Cerámica y las localidades por las que discurre, desde Calera y Chozas hasta Sevilleja de la Jara pasando por Aldeanueva de Barbarroya, La Estrella, La Nava de Ricomalillo, Puerto de San Vicente y Campillo de la Jara.
Finalmente, sobre los problemas de okupación en La Sagra toledana, el presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento a las entidades financieras para que denuncien porque son las propietarias de las viviendas, apelando a su colaboración.
También ha pedido al Congreso de los Diputados que "sea valiente" y apruebe el proyecto de ley nacido en las Cortes regionales contra la okupación porque "acabaría con el problema" al endurecer las penas y legitimar a los ayuntamientos y comunidades de propietarios a denunciar en el caso de que los bancos no lo hagan.