El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido "cierto retraso" en el recorrido de las ayudas europeas y ha augurado que 2022 será "el año de explosión" para que las administraciones y los ciudadanos puedan tener acceso a estos recursos.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que se conocen las cuantías de estas ayudas, pero lo que aún se desconoce son "los convenios" necesarios para abrir la posibilidad de solicitarlas.
Hay áreas que tienen más camino adelantado en cuanto a estas ayudas, como Bienestar Social, pero por el momento se siguen "ultimando conferencias sectoriales", pues se trata de una "fase inicial".
Ruiz Molina ha aludido a cierto retraso en la puesta en marcha de las mismas, "no imputable a las comunidades autónomas", sino a que se trata "de una maquinaria novedosa" que aún "está sin engrasar", sumado a los requisitos de las autoridades europeas para poder pedir estas ayudas.
En lo que compete a Castilla-La Mancha, el Gobierno regional se adelantó y se puso en contacto con empresarios para ver cuáles serían los fondos Next Generation, según ha afirmado el titular de Hacienda, sin dejar de mencionar que "hay que clarificar en muchos casos dónde está la ventanilla y dónde se tiene que dirigir un empresario" para llevar a cabo los trámites.
"Reconozco que ahí no están las cosas claras, sí van estando claras cuando nos dicen a las comunidades autónomas la parte que vamos a gestionar nosotros. Reconozco que no hay agilidad en cuanto a convocatorias de las diferentes ayudas. Creo que desde el propio 2022 los recursos tienen que llegar", ha remarcado.
Castilla-La Mancha puso en marcha en octubre una web para facilitar información a ciudadanos y administraciones sobre los plazos y detalles de las ayudas, haciendo "un papel de intermediación importante en cuanto a la información".
En todo caso, según ha considerado el titular de Hacienda en la región, "es pronto" para una hacer radiografía de cómo se van cristalizando los fondos europeos en Castilla-La Mancha.
Preguntado por el fondo de compensación que solicitaba la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en la región para paliar las pérdidas de los consistorios tras anular el Tribunal Constitucional el cobro de las plusvalías, Ruiz Molina ha señalado que "hay voluntad por parte de la Administración del Estado para corregir los defectos de cálculo", aunque "luego queda ver el efecto negativo en cuanto a la recaudación en las corporaciones locales".
"Tiene más capacidad el Estado, que es quién financia la deuda pública de la región, para hacerse cargo. Nosotros no tenemos esa capacidad financiera, nos obligaría a pedir prestado para prestar, no tiene más sentido hacerlo desde lo regional, lo nacional tiene más capacidad", ha asegurado.
Finalmente, acerca de los presupuestos regionales, ha confiado en que entren en vigor el 1 de enero, bajo un paraguas de "estabilidad política" que permite aprobarlos a final de año, para que con "normalidad y rutina" comiencen a rodar a principios de 2022.