El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado varios acuerdos encaminados a aumentar las partidas presupuestarias para políticas destinadas a la adquisición de viviendas por parte de los más jóvenes, a becas comedor o para la conversión de contratos temporales a indefinidos.
Según ha informado este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, en cuanto a las ayudas para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años en pueblos menores de 5.000 habitantes, la partida contará con 2 millones de euros de presupuesto, con el objetivo de cubrir el cien por cien de las solicitudes que cumplan los requisitos y hacer frente al reto demográfico.
Como ha especificado, ya se ha ayudado a 280 jóvenes y se han invertido 2,3 millones de euros desde el inicio de la legislatura en 2019.
Esta nueva convocatoria es para la adquisición de vivienda habitual y permanente en régimen de propiedad, con una cuantía máxima de ayuda por vivienda de 10.800 euros, sin que supere el 20 por ciento del precio de compra, y cuyo precio no supere los 100.000 euros.
Esta yuda es un nuevo ejemplo del esfuerzo que desde el Gobierno regional se está realizando para luchar contra la despoblación, siendo la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación su punta de lanza.
Recientemente el Gobierno de Castilla-La Mancha convocó nuevas ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación energética por valor de casi 5,6 millones de euros y dirigidas a municipios de reto demográfico que en la misma línea de luchar contra la despoblación en la región.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha apostado fuertemente por luchar contra la despoblación. Su principal arma: una ley pionera a nivel nacional.
Una norma que fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales y que, como novedad más destacada, introduce la política fiscal con desgravaciones de hasta el 25 por ciento del tramo autonómico del IRPF para las personas que tengan estancia efectiva en estos territorios.
Del mismo modo, la Ley contempla desgravaciones de hasta el 15 por ciento para la adquisición o rehabilitación de una vivienda en zonas despobladas; un 40 por ciento adicional de ayudas de la Administración regional a empresas; un contrato programa de formación a jóvenes quien quieran hacer estudios superiores y cuyas familias sigan viviendo en el medio rural; el impulso del servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia; o el transporte sensible a la demanda, entre otros puntos.
Asimismo, la Estrategia Contra la Despoblación garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en zonas rurales afectadas por la despoblación.