El PSOE ha cedido antes las reclamaciones de varios líderes autonómicos, como el castellanomanchego Emiliano García-Page y finalmente ha avalado la estrategia de acercarse a comunidades presididas por el PP para buscar un acuerdo en la financiación.
La dirección del PSOE constató ayer las diferentes posturas que separan a sus presidentes autonómicos en el debate sobre la reforma del sistema de financiación. La reunión en Ferraz sirvió para acercar posturas y se acordó con que este asunto se aborde dejando a un lado la “confrontación partidista” y buscando “la posición común”
Existen intereses contrapuestos entre los propios socialistas, y conscientes de ello, han acordado hacer un llamamiento "a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista".
Este comunicado lo ha hecho público la dirección del PSOE tras la reunión de trabajo. En esta han participado, por parte de la Ejecutiva Federal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario de Política Autonómica, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.
En cuanto a los presidentes autonómicos, estaban el de Aragón, Javier Lambán; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la de Baleares, Francina Argmengol; el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el de Asturias, Adrián Barbón; la de La Rioja, Concha Andreu; y representantes de los gobiernos socialistas de Navarra y de Canarias, cuyos presidentes no han podido asistir.
Ante la dificultad de encontrar una posición común, los participantes han expuesto a necesidad de seguir dialogando, pero sin acotar este debate al ámbito socialista.
A la salida del encuentro, algunos presidentes han ratificado que por parte de la dirección no habido críticas a la cita promovida en Galicia por Feijóo, a la que están invitados los mandatarios de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.
El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que se iba con una impresión "positiva en conjunto", porque han logrado una "primera conclusión" en este complicado debate: asumir que se trata de "un problema común en el que es importante que se impliquen la mayor parte de las fuerzas de España", y que "tiene que tener vocación de permanencia”.
"Estamos de acuerdo en que hay que hablar entre todos. No escuchar o no hablar no soluciona nada. En el PSOE hay mucha permeabilidad a todas las opiniones, es un partido federal", ha defendido García-Page. "En este partido siempre han entendido que cada presidente tiene que poner delante a su tierra, es lo que vamos a hacer, no tiene discusión, se entiende en el PSOE, solo faltaría esto". "El PSOE entiende que tiene que hablarlo con otros partidos", ha apostillado.
En el comunicado publicado por el PSOE se ha constatado de: “la necesidad de que haya un dialogo fluido entre todas las Administraciones en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica".
En este también se incluyen algunos de los "principios generales" que deberán inspirar la reforma. Los socialistas plantean que la reforma debe guiarse por la "solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde el punto de vista territorial".
También defienden que haya "suficiencia financiera", en el sentido de que todas las comunidades cuenten "con los recursos que les permitan desarrollar las competencias que tienen reconocidas constitucionalmente y prestar los servicios públicos que asumen"; así como "autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, en coordinación con la Hacienda estatal".
Por otra parte, defienden "equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del lugar donde residan". "La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar la equidad de acceso a los servicios públicos", avisan.
Por último, defienden "estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar el sostenimiento del Estado del Bienestar", así como "lealtad institucional entre administraciones".