Los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León han puesto en común esta tarde, en un encuentro celebrado de forma telemática, un informe elaborado por una consultora en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para las empresas en Cuenca, Teruel y Soria, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.
El estudio facilita al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. Se culminaría así el trabajo que los tres gobiernos autonómicos llevan meses realizando para que sean realidad estas bonificaciones, que atraerían y consolidarían empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción.
Este encuentro se produce tras conocerse que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluye, en el articulado de la Ley, el mandato al Gobierno de España para establecer las ayudas estatales de finalidad regional para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel dentro del marco establecido a nivel europeo.
La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado –como es el caso de comarcas de la provincia de Guadalajara en Castilla-La Mancha-, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
De este modo, según el informe elaborado por una consultora, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 por ciento, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 por ciento de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,30 por ciento, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 por ciento de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.
Las ayudas estarían vigentes en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.
Entre los requisitos estaría la incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.