El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de la región, una norma que consiguió recabar cierto grado de consenso en la comisión previa pero que, tras la discusión que estrenaba el pleno parlamentario de este jueves, no tiene garantizada la unanimidad para ver luz verde, ya que tanto Cs como PP mantienen un total de 17 enmiendas vivas en las que reclaman, entre otras cosas, aplazar el cierre de locales o incluso evitarlo; así como paralizar la subida de tributos a las salas de juego que plantea la norma.
Se trata de una ley a la vanguardia en España en materia de juego, que permitirá equilibrar esta actividad con la protección de los sectores de población más vulnerables. Esta potenciará más las medidas de control en la práctica del juego y de superar su naturaleza de mera actividad económica para poner el foco en las repercusiones sociales.
Esta ley del Juego establece una distancia mínima de 150 metros entre locales y de 300 respecto a centros educativos, salvo donde se imparta exclusivamente infantil o primaria; refuerza el control de acceso automatizado a los establecimientos, fija un régimen de publicidad más restrictivo, hace una importante revisión de todo el régimen sancionador e incluye un régimen tributario más justo. Además, es la ley más protectora, preventiva, exigente y rigurosa, además de la más ambiciosa en sus fines y la más completa en su articulado.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de estrenar el debate poniendo en valor que este texto es el proyecto de ley número 22 que llega a las Cortes regionales en esta legislatura, una norma que "marcará un antes y un después en la regulación del juego".
En su opinión, subsanará las "anomalías de la actual legislación autonómica de 2013 que ha hecho proliferar los locales de juego en la región", una situación que se refleja en datos concretos, como que en el año 2013 había 51 establecimientos de juego, y en 2020 la cifra alcanzaba 200.
Este número sitúa a la región como una de las que más densidad de establecimientos de juego presenta en relación a su población. En España hay 8 establecimientos por cada 100.000 habitantes, y la región se coloca por encima de la media, con 9, más incluso que la Comunidad de Madrid en comparación con sus habitantes.
Esta nueva normativa potencia las medidas de control en el ejercicio del juego y recoge varias novedades, como dotar de más transparencia, garantía de pago de premios, lucha contra el fraude y creación del Observatorio del Juego Responsable que será financiado con la propia recaudación de las salas.
Se evitará la publicidad, a excepción de las publicaciones específicas o en los propios establecimientos, y se reducen los patrocinios; además de que se retocan las exigencias en cuanto a la distancia mínima hasta un centro educativo, extremo definido vía enmienda transaccional acordada por todos los grupos parlamentarios.
El régimen sancionador, ha recordado, queda revisado en varios sentidos dentro del nuevo texto, aumentando las multas; y se han concitado más consensos en la tramitación de la nueva ley, como que los nuevos tributos a pagar se retrasen por el momento debido a la crisis económica derivada de la sanitaria.
La encargada de defender esta norma por parte del PSOE ha sido su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, quien ha repasado la arquitectura de la nueva norma poniendo en valor todas sus premisas. Según ha ensalzado, la norma "aumenta la prevención y pone en marcha buenas prácticas del juego, poniendo el foco en las repercusiones sociales" de esta actividad.
Esta nueva redacción refuerza que el desarrollo de la industria se realice "de forma ordenada", protege a los menores y potencia el control de acceso a los locales obligando a que las entradas tengan sistema automatizado que impida el paso a personas que lo tengan prohibido.
El diputado de Cs, David Muñoz Zapata, ha pasado por la tribuna de oradores para defender las 8 enmiendas parciales rechazadas en la comisión previa y que ha mantenido vivas en este debate.
Aunque comparten el espíritu de la ley, lo que no quieren en Cs es que ahora haya locales "tocados de muerte" y abocados al cierre por un cambio legislativo. "Vamos a prorrogar un año más el periodo transitorio para que, por lo menos, los pequeños negocios legales, tengan tiempo suficiente para amortizar las inversiones tras un año de pandemia". Incluso, duda de la "constitucionalidad" de cerrar locales.
El parlamentario naranja se ha mostrado contrario a la prohibición legislativa, prefiriendo la "planificación", detallando que desde 2018 una estrategia planea previa a esta nueva ley ya ha permitido reducir el número de locales de juego. Aunque coincide con la necesidad de regular el sector y comparte "herramientas positivas de la ley", Ciudadanos mantiene sus exigencias de cara a esta medida.
"Entendemos que hay que rediseñar las fachadas de los establecimientos; son necesarios programas de sensibilización de la sociedad; pero no compartimos la agresión a la libertad de empresa", ha apuntado Muñoz Zapata.
"Estamos dispuestos a aprobar esta ley, espero que lleguemos a un acuerdo para compartirla en una herramienta eficaz contra la ludopatía sin que se lleve por delante cientos de puestos de trabajo", ha indicado. Con todo, ha mostrado la disposición de su grupo a retirar todas sus enmiendas sólo si se acepta aplazar un año el cierre de los locales.
Por parte del PP, Miguel Ángel Rodríguez ha defendido las 9 enmiendas que su grupo parlamentario mantenía vigentes en la negociación de este debate, y si bien ha considerado que la norma llega al pleno con "grado de acuerdo" tras pasar por la comisión, restan aún algunos flecos "fundamentales" para salvaguardar la "viabilidad económica de los negocios".
El partido ha rechazado que el Observatorio del Juego vaya a financiarse vía tasas a los propios locales de juego y ha pedido presupuestar y poner sobre el papel tanto la recaudación prevista al respecto como el gasto total.
"Y consideramos, en términos generales, que cualquier incremento de la presión tributaria en un momento tan complicado como el que atraviesan las empresas pueden tener consecuencias graves y provocar el cierre de locales que ya lo están pasando mal", ha lamentado. Por todo ello, cree que "no es el momento de endurecer esta ley". "Pero hagámoslo bien, no incrementando las cargas tributarias", ha insistido.
En cuanto a la obligatoriedad de alejar los locales de juego de los centros educativos, Miguel Ángel Rodríguez ha considerado que se trata de un extremo que "pone en duda la profesionalidad" de los trabajadores de estas salas.
Isabel Abengózar ha vuelto a tomar la palabra al cierre del debate para fijar la posición ante las enmiendas vivas de PP y Cs, rechazando sus planteamientos uno a uno y volviendo a defender el texto íntegro que salió de la comisión previa a esta tramitación.
"Queda justificado el rechazo a todas las enmiendas que traen. Háganselo mirar. Tienen ahora turno para fijar posición y creo que esta ley requiere el voto favorable de los tres grupos. Sólo miran por el interés de unos pocos, un sector muy concreto", ha lamentado la socialista.