El sacerdote -J.L.G.M.- de Talavera de la Reina acusado de presuntos abusos sexuales a una menor ha negado los hechos en la primera jornada del juicio que se celebra a puerta cerrada -en la Audiencia Provincial de Toledo-por acuerdo de la Sala, por el que la Fiscalía y la acusación particular piden prisión de 15 y 22 años respectivamente.
En este primer día del juicio, han declarado el acusado, la víctima y la madre y el padre de la misma, mientras que este miércoles será el turno de las pruebas periciales e informes de los forenses.
El acusado ha negado los hechos que se le imputan -un delito continuado de agresiones sexuales contra una menor en su despacho parroquial durante varios años en los que fue su director espiritual y otro contra la integridad moral- y ha afirmado que "jamás haría nada a la niña", a la que ha dicho que quería y que "la trataba como a una hija", según han informado fuentes jurídicas a Efe.
El acusadoha reconocido que tenía y mantiene una relación sentimental con la madre de la víctima, a la cual ha achacado la denuncia por un móvil de "celos y venganza".
La joven ha relatado, a preguntas del Ministerio Fiscal y de los letrados, los presuntos episodios de abusos sexuales sufridos entre enero de 2011 y junio de 2013.
El escrito fiscal sostiene que la víctima tiene una serie de “padecimientos psiquiátricos compatibles” con “acontecimientos traumatizantes, como pueden ser los abusos-agresiones sexuales continuados en el tiempo, que la víctima vivió en soledad durante años en una situación de vulnerabilidad”.
También ha declarado la madre de la víctima que, según las mismas fuentes, lo ha hecho a favor del sacerdote.
La progenitora, sobre el exorcismo realizado, ha justificado en que su hija "tenía el maligno en el cuerpo y había que sacárselo". La mujer no ha respondido si contaban con autorización del Arzobispado o del Vaticano.
Por su parte, la Fiscalía, tal y como informó La Voz del Tajo, asegura que el prelado aprevechó la situación de “aislamiento familiar” de la joven para llevar a cabo “su comportamiento lascivo”.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía quiere que se inhabilite al acusado para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores, que se le someta a libertad vigilada durante 10 años y que se le prohíba durante 20 años comunicarse con la víctima, cuya "vulnerabilidad" ha tenido en cuenta para formular su petición.