El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acudió ayer, miércoles, a la Comisión de Sanidad y Consumo a petición propia para informar sobre Nutriscore, un sistema de etiquetado nutricional frontal, por el que ciertos alimentos son valorados como más saludables que otros,y que ya se ha implantado en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, para defender su aplicación.
En el seno de esta comisión se ha vivido una tensa disputa entre el ministro y la diputada del grupo popular, la talaverana Carmen Riolobos, que ha derivado en un intercambio de argumentos que se ha viralizado en redes sociales.
Concretamente, Riolobos, que había pedido la comparecencia de Garzón, le acusó de "venderse a la industria agroalimentaria francesa" porque está "empeñado" en regular el Nutriscore, que "confunde a los consumidores y va a dañar la reputación de alimentos de la dieta mediterránea", apuntaba en referencia a productos como el aceite de oliva, que han recibido una mala puntuación en el etiquetado.
Ante esto, Garzón, de forma contundente, ha explicado que se trata de una iniciativa que, en su base, fue apoyada por el Partido Popular, y ha mostrado incredulidad ante la interpelación de Riolobos: "Esto es verdaderamente curioso. Habla de traicionar, de vender, de arrodillarse, de rendirse… Son palabras muy gruesas, señora Riolobos. Para un elemento y una propuesta que era del PP. Es que yo solo puedo llegar a la conclusión de que no tienen un criterio único", ha lanzado.
"Esto no es del siglo pasado", ha lanzado Garzón, señalando el documento, que además ha incidido en su incredulidad ante este "cambio de criterio": "Señora portavoz del Partido Popular. ¿Cómo explico yo esto? Si voy a la universidad a explicarle a mis alumnos cómo funciona la política… ¿cómo explico esto?", ha espetado.
Por su parte, Riolobos ha mantenido que este sistema de etiquetado "no protege a los consumidores, los confunde, califica mal a los productos marca España y va contra la dieta mediterránea". Así, ha recordado que el objetivo de la Comisión Europea es avanzar hacia el etiquetado común y obligatorio en todo el territorio a partir del año 2022, pero ha pedido a Garzón idear un sistema mejor que el que propone.