La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará este miércoles, 26 de mayo, a J.C.M.C, acusado de atentado contra la autoridad y delito de atentado contra funcionario público por propinar un golpe con una muleta metálica al alcalde de Añover de Tajo, A.R.P, tras no lograr la adjudicación del kiosco municipal. Asimismo, D.M.D, que se encontraba junto al primer acusado es juzgada por atentado contra la autoridad por darle una bofetada al primer edil.
Tal y como se recoge en el señalamiento, sobre las 12.00 horas del 7 de junio de 2017, los acusados J.C.M.C y D.M.D se encontraban en el salón de plenos del Ayuntamiento de Añover de Tajo con motivo de la apertura de la licitación del kiosco municipal, ante la presencia del alcalde, que actuaba en el ejercicio de sus funciones públicas, y de otros miembros de la Corporación Local y de la secretaria interventora.
Al abrirse los sobres de la licitación y comunicarle que no iba a ser el adjudicatario del kiosco por falta de documentación, el acusado, J.C.M.C, "en gran estado de exaltación y gritando", le manifestó al alcalde que era "un sinvergüenza". En ese momento, al levantarse el primer edil del asiento para alejarse de J.C.M.C éste le propinó un golpe en el costado izquierdo con una muleta metálica que portaba, y a la vez que el resto de personas y funcionarios allí presentes trataban de calmarle, la otra acusada D.M.D, se acercó al alcalde propinándole una bofetada en la cara.
Así las cosas y en medio de la confusión, el acusado consiguió de nuevo acercarse al alcalde haciendo un nuevo intento de agredirle con la muleta; este le esquivó y este gesto provocó que la secretaria interventora recibiera un golpe en la mano.
Como consecuencia de la agresión realizada, el primer edil sufrió erosión en codo y antebrazo izquierdo, dolor en mano izquierda y erosión sobre cresta ilíaca izquierda, precisó para su curación de una sola asistencia facultativa y tuvo un período de curación de quince días impeditivos para su vida habitual, sin que quedara secuela alguna. Por su parte, la secretaria interventora no sufrió lesiones y no reclama indemnización.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado dos años y medio por atentado a la autoridad; por el delito de lesiones una multa de dos meses con una cuota diaria de doce euros y una pena de prisión de dos años por un delito de atentado a funcionario público. El acusado indemnizará al alcalde en la cantidad de 1.050 euros por las lesiones que le causó, más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de firmeza de la sentencia.
Para la acusada D.M.D, el Ministerio Público solicita dos años y medio por un delito de atentado contra la autoridad y una multa durante nueve meses de doce euros diarios y por el delito de lesiones, la pena de multa de dos meses con cuota diaria de doce euros.