El Banco Santander solicita una deuda de 19 millones de euros al Estado por la Autovía A-40 en el tramo de Torrijos a Toledo el cual procede de Corsam Corviam Construcción, del Grupo Isolux, y entró en concurso de acreedores en 2017. El Tribunal Supremo estudia dicha reclamación tras haber admitido a trámite un recurso de casación del grupo cántabro, tal y como ha informado El Confidencial.
La deuda tiene su origen en un contrato de traspaso de Corsam Corviam debido a un convenio de ‘factoring’ realizado el 9 de abril de 2013 a Santander Factoring Confirming EFC, ascendiendo a 18,79 millones. El ‘factoring’ se basa en que una entidad financiera adelante el dinero de las facturas y asuma su cobro a cambio de comisión. En este caso, la filial de Banco Santander reservó el derecho de cobro.
El contrato se origina de una certificación en las obras de la A-40, autovía en la provincia de Toledo, cuya factura fue emitida por el Ministerio de Fomento. Fomento solicitó un informe de la Abogacía del Estado tras la reclamación de la deuda impuesta el 13 de junio de 2016, la cual sirvió como fundamento para denegar el pago. La conclusión fue que el crédito concedido no existía al tiempo de la comunicación del contrato de ‘factoring’, por lo tanto la notificación se realizó de forma incompleta, “sin ni siquiera aportar al Ministerio de Fomento dicho contrato de ‘factoring’ ni acreditar la representación del cedente.
Este informe también avala que se omitió el contenido del negocio jurídico entre las filiales de Banco Santander e Isolux, y que el 30 de diciembre de 2014, tras la aprobación económica de la certificación final por parte de Fomento, “el pago de su importe a la contratista el 20 de enero de 2015 vino a producir efectos liberatorios para la Administración contratante, por lo que la posterior reclamación de la concesionaria frente a la Administración, de 13 de junio de 2016, ha de considerarse improcedente, por contraria a derecho, habiendo de rechazarse, por todo lo expuesto, los motivos de impugnación en que se basa la demanda”.
Tras la negativa y por sopesar de nuevo un rechazo a través del silencio administrativo desde Fomento, Santander ha decidido recurrir al Supremo. La entidad mostró un recurso de casación ante el Supremo razonando que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, exponiendo que no está previsto ni normativa ni jurisprudencialmente que deba darse el contrato de cesión junto con la notificación de esta. Así, el Supremo ha aceptado el recurso y evaluará varias cuestiones, según el fallo al que ha tenido acceso El Confidencial: la interpretación del concepto de 'notificación fehaciente' al transmitir derechos de cobro en contratos administrativos y si es necesario, y las consecuencias jurídicas de ello. Con base en esta decisión, Santander y el Estado se juegan casi 19 millones de euros.