El director General de Tráfico, Pepe Navarro, se muestra partidario de implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado. “En todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos”, ha afirmado.
El responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido esta posibilidad en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, para explicar la política del Gobierno en materia de seguridad vial y las últimas reformas aprobadas para reducir el número de víctimas de accidentes de tráfico.
Precisamente, el Gobierno ha dado a conocer este miércoles en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, que baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de carreteras: “quien contamina paga” y “el que usa paga”.
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.
"Usted cuando va en tren no va gratis"
En su intervención, Navarro ha explicado que en España, tras el fin de las concesiones, este coste lo está asumiendo “el presupuesto del Estado”. “No podemos. Usted, cuando va en tren, no va gratis. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país” ha manifestado, para después añadir que “se puede discutir” si sólo se paga por el coste de la conservación y el mantenimiento.
Asimismo, el director de Tráfico ha declarado que implementar el sistema de pago en estas vías “es un tema de Estado”. "Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema del Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad”, ha subrayado.
"El que usa lo paga"
De este modo, Pere Navarro ha defendido que, en esta cuestión, “el que usa lo paga” y ha instado a los grupos a ponerse de acuerdo en esta materia porque si no, según ha apuntado, Bruselas le dirá a España: “te envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera”.
No obstante, ha matizado que cuando se implementa un peaje “del tipo que sea, normalmente, siempre se excluyen algunos casos” como los viajes cotidianos por temas laborables, por razones de estudios o, incluso, médicos.
Preguntado sobre si le preocupa que esta medida traslade el tráfico a las carreteras convencionales, donde hay una mayor siniestralidad, Navarro ha contestado que no, y ha argumentado que “el viaje largo se hace por autopista o autovía”. “Nadie se va a meter a hacer un viaje largo por carretera convencional”, ha zanjado.
La mayoría de las intervenciones de los senadores han estado centradas en la falta de examinadores de tráfico. En este punto, el director de la DGT ha informado de que ha desarrollado una estrategia que pasa por la creación de una bolsa de interinos de cada territorio.
En concreto, Pere Navarro ha especificado que a lo largo del mes de mayo se incorporarán 47 nuevos examinadores de ofertas de empleo públicas anteriores, y que otros 35 interinos llegarán en julio. Además, ha destacado que la DGT ha convocado 60 nuevas plazas y otras 100 por el sistema de promoción interna. “Hasta el verano vamos a tener problemas, pero después del verano, con todo este abanico de medidas, de alguna manera debería normalizarse y deberíamos dar un servicio razonable”, ha declarado.
Respecto a la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, el director de la DGT ha afirmado que “ojalá tuviera más” efectivos y ha alabado su labor en la carretera. “Son infinitas las actuaciones de ayuda, acompañamiento, auxilio a los conductores”, ha asegurado, para después añadir que en una reunión con camioneros le pidieron “más Guardia Civil de tráfico” porque les da “más tranquilidad y seguridad”.
Sobre las críticas al conocido como sistema CAPA (Capacidad de las Pruebas de Aptitud) que determina la capacidad de cada una de las Jefaturas de Tráfico para hacer exámenes, es decir, regula el acceso de los alumnos a las pruebas prácticas, Pere Navarro ha defendido que todo lo nuevo genera “rechazo” y que lo están desarrollando junto a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CENAE).
En relación con los drones que utiliza la DGT en las labores de vigilancia y control de tráfico, el director de Tráfico cree que “tiene posibilidades” y que pueden ser útiles para vigilar “grandes infracciones” como saltarse un STOP o pisar una línea continua. También ha puesto de relieve su intención de migrar los radares de punto a los de tramo.
Finalmente, Pere Navarro ha asegurado que España es “razonablemente” buena en materia de seguridad vial y ha recordado que, con 29 fallecidos por millón de habitantes, se sitúa como el cuarto país de la Unión Europea (UE) con menor tasa de mortalidad por accidente de tráfico, por detrás de Suecia (18), Malta (21) y Dinamarca (27)
El plan del Ejecutivo, que supondría una revolución inédita en España, es el primero en ensayar el peaje en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales para luego escalar ese modelo de pago a los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal, y abrir un proceso de negociación con las Administraciones autonómicas para su implantación en las vías de alta capacidad que estén bajo la titularidad de estas. Fuentes del Ministerio de Fomento explican que el proyecto está previsto solamente para las vías de alta capacidad, no para las carreteras locales o comarcales. Recuerdan que forma parte del plan de convergencia con el resto de Europa, donde las grandes economías han extendido los peajes en muchas de sus autopistas.
“Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina, paga”, asegura el Gobierno en un primer momento refiriéndose a la red de alta capacidad.
En contra de lo que se había planteado hasta ahora en las distintas declaraciones de miembros del Ejecutivo sobre esta materia, el pago afectará a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y tanto nacionales como extranjeros. Fuentes del Ministerio de Fomento precisan que el plan no se pondrá en marcha en el actual contexto de crisis económica propiciada por la pandemia y que se esperará a que la recuperación esté encauzada para establecerlo. Además, insisten en que se hará con consenso político y de la mano del sector del transporte.