El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley que deja en manos del Tribunal Supremo la última palabra sobre las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas a partir de la semana que viene para luchar contra la pandemia de Covid-19, una vez que el estado de alarma decaiga este domingo, informa Europa Press.
Así lo anunció la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa al término del Consejo de Ministros, donde indicó que esta modificación legislativa introduce una “novedad jurisdiccional” para dar un “paraguas” (como pidieron agunos presidentes autonómicoas, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page) de protección a las medidas extraordinarias que adopten las administraciones públicas para frenar la evolución del coronavirus.
El cambio permite que los gobiernos autonómicos puedan presentar un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el caso de que los tribunales paralicen o tumben inicialmente las medidas que consideren adecuadas a partir del 9 de mayo, ya que la desaparición del actual estado de alarma les deja sin ese amparo y necesitarán ser autorizadas por los tribunales.
Para evitar resoluciones desiguales, Calvo explicó que el Gobierno de España aprueba este real decreto ley para que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo en un plazo máximo de cinco días y se evite así una disparidad de criterios.
Calvo también anunció como otras novedades que se extienden medidas extraordinarias como que sanitarios jubilados puedan trabajar en la lucha contra la Covid-19, que haya restricciones especiales en los viajes de terceros países afectados por el coronavirus o que las comunidades puedan tirar de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para proteger a las mujeres amenazadas en estos momentos.
Calvo sostuvo que ahora es “mucho más razonable, modulado y ponderado” que cada comunidad adopte decisiones de acuerdo a la situación que tenga que afrontar. Indicó que los gobiernos autonómicos podrán acudir al Tribunal Supremo para pedir unificación de criterio de los tribunales e incluso ofreció la posibilidad de que la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, ayude a las comunidades a defender sus alegaciones.
Por último, Calvo no ocultó que todo este cambio de criterio y de actuación contra la pandemia tiene que ver no sólo con las “situaciones diferentes” que siempre han tenido las comunidades autónomas, sino también con la conveniencia de “afrontar la solución a la crisis socioeconómica que tenemos” en España como consecuencia de la Covid-19.