Que la posibilidad de supervivencia de los pacientes prime a la hora priorizar en situaciones de escasez de medios, como el que se ha dado con la pandemia del COVID-19, la suspensión de las patentes de las vacunas o que los colegios de médicos actúen contra los médicos negaciones para proteger la salud de la población son algunas de las conclusiones alcanzadas en el VII Congreso de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
Este foro de debate se ha reunido durante los días 16, 17, 23 y 24 de abril en el Colegio de Médicos de Toledo y ha congregado a 12 ponentes y 26 discursores para abordar los grandes retos éticos que tiene la profesión médica.
Según ha informado en nota de prensa la organización médica toledana, en este encuentro se ha abordado la "deshumanización y abandono de los enfermos" durante la priorización en la pandemia. Tras reconocer que existe una obligación ética y deontológica de establecer criterios de priorización en situaciones de escasez de medios, que requiere de "competencia profesional, respeto a los pacientes, transparencia en la información y evitar la discriminación", se propone como criterio fundamental las posibilidades de supervivencia de cada paciente.
"En ningún caso considera justificado utilizar el orden de llegada o la edad, pero establecer expectativas de vida a corto plazo sería aceptable, incluso para no caer en la obstinación terapéutica", han concluido los participantes, que han considerado que esa priorización, en ningún, "caso justifica la deshumanización ni el abandono de los pacientes, lo que ha sido uno de los muchos efectos perversos de esta pandemia".
TELEMEDICINA. Respecto a la irrupción de la telemedicina en las consultas, los participantes han concluido que ha tenido aciertos, como evitar desplazamientos innecesarios y minimizar los tiempos de espera para las consultas, pero también desventajas como que la brecha digital discrimine a determinados pacientes y sobre todo que la no presencialidad en las consultas médicas puede dar lugar a retrasos en el diagnóstico de procesos graves.
"Cuando el diagnóstico y tratamiento no puedan ser resueltos con el uso de las TICs, se hace obligatoria la consulta presencial", han defendido las 26 personas que han debatido, que reclaman la regulación de la telemedicina de la mano de la Organización Médica Colegial.
JUSTICIA EN EL ACCESO A LAS VACUNAS. Pese a admitir que el acceso a las vacunas en plan de vacunación de España y la Unión Europea está siendo equitativo, han lamentado que no ocurra lo mismo en la globalidad del planeta. De ahí que hayan incidido en la necesidad crear un fondo global que financie la investigación, prohibiendo las patentes de medicamentos y vacunas, una investigación sin patrocinios y con una plataforma pública para el desarrollo de medicamentos a precio de coste.
"Ante la catástrofe de la COVID-19, hay razones éticas y legales para suspender las patentes de vacunas para el SARS-CoV -2 y aumentar su producción a costes bajos con el objetivo de llegar a más personas, y parece que una forma de hacerlo sería mediante la presión de la opinión pública y la profesión médica".
NEGACIONISMO. En este foro debate se ha abordado la participación de los médicos colegiados en las tesis negacionistas, que van contra la 'lex artis' y la medicina de base científica, creando confusión y poniendo en riesgo la salud de la población.
Después de precisar que estas tesis no solo hacen referencia a las vacunas, sino también a otros aspectos relacionados con la prevención y el tratamiento del COVID-19, los participantes han concluido que las acciones de estos médicos negacionistas vulneran diversos artículos del Código de Deontología Médica y, en consecuencia, los Colegios de Médicos tienen la responsabilidad de actuar contra ellos para proteger la salud de la población, debiendo valorar el impacto y las consecuencias de sus actuaciones sobre las personas y la sociedad.
EUTANASIA. También han debatido sobre la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y los profesionales han expresado sus inquietudes en cuanto a las garantías de aplicación de la dicha norma, concretadas en el tipo de objeción y el registro de objetores. También les preocupa la confidencialidad.
Han recordado que el Código Deontológico afirma que el médico debe comunicar su condición de objetor de conciencia al responsable de garantizar la prestación sanitaria y al Colegio de Médicos y que el registro es una competencia de las Comunidades Autónomas y han añadido que la Ley atribuye al Consejo Interterritorial la elaboración de un manual de buenas prácticas para orientar su funcionamiento.
De ahí que en este congreso se haya deslizado la posibilidad de descentralizarlo en las áreas gerenciales de Atención Primaria y Especializada, por supuesto, con los consiguientes requisitos de protección de datos.
Hay coincidencias entre los ponentes y discusores en que la externalización de la eutanasia sería un fracaso y en la escasa participación que desafortunadamente han tenido los médicos en la redacción de la Ley.