El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de discapacidad para entidades privadas por una cuantía de 52,3 millones. De esta cantidad, el Consejo de Gobierno aprobó ayer 16 expedientes que suman 29,5 millones y que, al superar los 750.000 euros cada uno, necesitaban este visto bueno.
Una vez autorizados estos expedientes, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, estos 52,3 millones ya están a disposición de las entidades del tercer sector social en el ámbito de la discapacidad, “para mantener los centros, servicios y programas destinados a seguir prestando una asistencia y una atención especializada a las personas con discapacidad, tal y como se comprometió el presidente Emiliano García-Page en su programa de gobierno”.
Blanca Fernández ha añadido que esta convocatoria a entidades privadas ha crecido desde 2015 en 12 millones de euros, lo que supone un incremento del 30 por ciento, “para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.
En 2021 la previsión es financiar un mínimo de 194 entidades de iniciativa social, tanto de carácter regional como provincial, que desarrollan programas de diversa índole como programas de apoyo residencial en viviendas con apoyo y residencias y CADIG, de integración socio-laboral a través de centros ocupacionales, de apoyo a la autonomía personal en estancias diurnas y centros de día y de atención temprana en centros de desarrollo infantil y atención temprana.
En concreto, con estos 52,3 millones se financiarán los gastos de personal y el mantenimiento de 91 recursos de día que suman 3.261 plazas, 111 centros de carácter residencial con 1.415 plazas y 45 centros de atención temprana y desarrollo infantil que atienden aproximadamente a 5.500 familias con hijos e hijas con dificultades en su desarrollo.
“Si sumamos todos estos proyectos, atenderemos a más de 10.000 familias que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad”, ha dicho Blanca Fernández.
En las próximas semanas, el Gobierno regional resolverá otros 6,7 millones de euros para financiar gastos de personal y mantenimiento de centros y recursos destinados a la atención directa y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
“Por tanto sumamos en conjunto, entre la decisión de ayer y la que tomaremos en las próximas semanas, 59 millones de euros para atender de forma directa a 11.000 familias de las cinco provincias que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad y que son atendidas por 2.000 profesionales con especialización en la materia”, ha manifestado la consejera portavoz.
“Se trata de la convocatoria más importante que tenemos para la atención de las personas con algún tipo de discapacidad con la que además estamos consolidando una red de recursos muy potentes y especializados. Y todo ello gracias a una estrecha colaboración con las entidades del tercer sector a las que quiero reconocer, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, su magnífica labor, sus altos niveles de especialización y su compromiso social que hace que se materialice en proyectos que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, ha concluido Blanca Fernández.