FSP UGT denuncia que el Gobierno de C-LM vuelve a “meter la mano” en el bolsillo de los empleados públicos

FSP UGT CLM denuncia que el gobierno “mete la tijera” al bolsillo de los empleados públicos de la región, “no sólo congelando nuestras retribuciones (con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, más el 3% reducido en 2012), sino apropiándose de una nueva parte de la masa salarial de los empleados públicos de la región, al eliminar por completo el Plan de Acción Social. Como viene siendo habitual la Dirección General de Función Pública nos ha convocado para comunicarnos una nueva suspensión de pactos y acuerdos firmados”, ha manifestado Carmen Campoy Secretaria General de la Federación de Servicios Públicos de UGT. “En este caso se elimina el Plan de Acción Social. A este plan se destinaba el 0,8% de la masa salarial del conjunto de los empleados públicos de la región y en él se contemplan ayudas para guardería, comedor y ayudas por atención especial a hijos con discapacidad”, recuerda Campoy. Este Plan el año pasado ya sufrió un recorte del 50%, pasando de tener una financiación de 4,2 millones de euros a 2,1 millones, eliminándose por tanto otras modalidades de ayuda anteriormente existentes y sólo permaneciendo las tres anteriormente mencionadas. “Con esta supresión se viene a demostrar la falta de sensibilidad del ejecutivo regional para con los empleados públicos”, ha manifestado Campoy, “ya que no es de recibo que se argumenten razones macroeconómicas en una cuestión tan sensible que se financia con fondos que la negociación colectiva destinó a ese fin”. UGT ha propuesto incluso que se mantuviera este plan ligado a parámetros de renta, manifestando además que era una buena ocasión para “no comunicar” y sí “dar una oportunidad a la negociación”, finalmente no ha sido así. Según Campoy, “este gobierno con la recurrente aplicación de medidas encaminadas a la reducción del déficit público, vuelve a reducir de manera diferida el salario de los empleados públicos con otro recorte a los trabajadores y, aún peor, eliminando medidas encaminadas a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad y la ayuda a familias con miembros con discapacidad en su seno”.