Hago mío el lema elegido por la ONU para la celebración del 8 de marzo de 2021 en el Día Internacional de la Mujer: “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. La primera mitad de mi vida transcurrió durante el siglo XX que fue bautizado como el siglo de las mujeres. Ésa es mi generación, la de las nacidas en el último cuarto del siglo en el que salimos de la invisibilidad para estar presentes en todos los campos de la vida: social, política, económica, cultural, artística, etc. Y estamos ahí gracias a las políticas de igualdad que desde entonces han procurado cambiar unos modos de hacer que, para desgracia de las mujeres a lo largo de la historia, se remontan a la noche de los tiempos.
Sin duda alguna, la Constitución de 1978 con la que crecí provocó una avalancha de cambios legislativos que terminaron con la minoría de edad a la que, de hecho y de derecho, estaban condenadas las mujeres durante la dictadura. Sobre todo las casadas, sometidas hasta el punto de no poder abrir una cuenta corriente sin permiso del marido, ni tampoco poder abandonar el país sin su autorización.
Pero ni aún con la Constitución en vigor las cosas cambiaron, ya que seguían existiendo una gran cantidad de jueces que aplicaban la normativa preconstitucional, considerando nuestra carta magna poco menos que un catálogo de recomendaciones de las que podían disponer a su antojo. Este hecho que ahora puede parecer escandaloso, fue refrendado por el propio Tribunal Supremo español en dos conocidas sentencias de 1979 y 1980.
Hubo que esperar a la creación del Tribunal Constitucional para que declarara la aplicabilidad directa del Título I de la Constitución y la subordinación del resto del ordenamiento jurídico, incluidas las leyes franquistas aún vigentes, a los principios democráticos sancionados por ella.
Todavía más, porque tal y como señala la catedrática de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer: “... nuestra Constitución es progresista y avanzada, pero si tuviéramos que hacer un análisis de urgencia acerca de lo que significa en relación con los derechos de la mujer, no hay ningún precepto concreto y directo que nos permita concluir que ha tenido en cuenta las aspiraciones que dejaron establecidas los colectivos de mujeres en el proceso constituyente.
Ningún precepto que reconozca, directamente, el retraso histórico de la mujer en España con respecto a los hombres, su reconocida discriminación de trato y de derecho, y sus menores posibilidades de calidad de vida, desarrollo personal e igualdad”.
Esta es una falta grave de nuestra Constitución sólo justificable, si es que cabe, desde el punto de vista de la economía del texto – se trata de una de las constituciones más extensas de la Unión Europea – y del espíritu de consenso que estimó más que suficientes los artículos 9 y 14 CE para resolver todas las posibles situaciones de desigualdad.
Esto que acabo de contar, me da pie para centrar el razonamiento fundamental que quiero defender en este 8 de marzo de 2021. Porque, efectivamente, las leyes por sí solas no bastan. Aunque el desarrollo de los preceptos referidos a la igualdad haya desembocado en leyes del calado y trascendencia de la LO 1/2004, de erradicación de la violencia de género y la LO 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, por citar las más significativas, ello no ha impedido que las mujeres sigan siendo relegadas, maltratadas o asesinadas por los hombres. Esta es una realidad tan incuestionable que no voy a perder ni mi tiempo, ni el del lector defendiendo obviedades. Sólo diré que quienes niegan la existencia de la violencia machista son cómplices de cada golpe, de cada violación y de cada crimen.
Como he afirmado, las leyes por sí solas no bastan. Es cierto que castigan el acoso laboral, el acoso sexual y que están poniendo un cerco cada vez mayor a quienes sólo ven en las mujeres el oscuro objeto de su deseo, pero no son capaces de evitar que una mujer que denunció a su marido 54 veces en 15 juzgados distintos acabara siendo brutalmente asesinada.
Existen leyes y también políticas que ponen en valor la transversalidad de género y la democracia paritaria; se han creado órganos como el Consejo de la Mujer y el Observatorio Nacional Contra la Violencia de Género, pero ninguna de esas leyes, órganos, ni siquiera la mismísima Constitución, han sido capaces de poner remedio a tantos y tantos techos que todavía existen para las mujeres en nuestra sociedad, algunos de cristal y otros de hormigón armado.
Sin embargo, donde se nos ha dado la posibilidad de competir por un puesto en igualdad con los hombres, allí donde la aptitud se mide con criterios objetivos, existe una mayoría destacada de mujeres.
Por poner un ejemplo: hay más mujeres que hombres que aprueban las oposiciones a la judicatura. Por tanto, en España hay más juezas que jueces. No obstante, conforme se va subiendo en el escalafón judicial, la balanza se vuelve a inclinar de forma escandalosa del lado de los hombres. Las cifras son elocuentes: mientras que más del cincuenta por ciento de la base judicial está compuesta por mujeres, la representatividad que disminuye hasta cifras de vergüenza cuando se trata de ocupar los órganos de gobierno de los tribunales o los puestos judiciales de libre designación.
En otros ámbitos pasa lo mismo, ya que España sigue a la cola mundial de la igualdad al frente de las grandes empresas: solo un 2,8% de los CEO son mujeres. Sólo 10 empresas de las 139 compañías españolas que cotizan en bolsa tienen consejeras ejecutivas. Sólo tres compañías del Ibex 35 cuentan con mujeres entre sus consejeros ejecutivos.
No hay un solo dato objetivo que explique esta paradoja. Las razones por las que se produce este hecho incontestable abochornan a esta sociedad autocalificada de “moderna”. Hace falta más voluntad que la demostrada hasta ahora por todos y cada uno de los agentes que están/estamos implicados en la lucha por la igualdad.
También hay que saber. Está claro que en algo hemos fallado cuando más de tres millones y medio de españoles han votado a una fuerza política que a nivel nacional niega la violencia machista.
Afortunadamente, en el ayuntamiento de Talavera hemos conseguido que en el último Pleno municipal, los concejales de ese partido votaran a favor de una moción en apoyo del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de Protección y Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Desde aquí quiero darles la bienvenida a la defensa de los derechos de la mujer y a la lucha contra la violencia machista, al tiempo que solicito a sus dirigentes nacionales que tomen ejemplo de sus compañeros talaveranos.
Por último, hay que hacer más. Nadie nace maltratador. El determinismo biológico es cosa del pasado porque la socialización es la que hace al hombre y todos los agentes sociales deben estar empeñados en el objetivo de violencia cero contra las mujeres. Eso se construye desde la infancia, en la escuela y en la casa.
Podemos tener las mejores leyes del mundo y a miles de mujeres al frente de todos y cada uno de los juzgados y tribunales de España, pero eso no servirá para resucitar a las mujeres asesinadas, curar las heridas de las golpeadas o recomponer el alma rota de las violadas.
Soy de la generación de la igualdad y en este 8 de marzo de 2021, renuevo mi compromiso de no descansar en mi lucha por los derechos de las mujeres, hasta que la violencia machista se estudie en las Facultades de Historia como una reliquia del pasado.