Sí hay algo de lo que esté plenamente convencida es de lo obligado de mostrar un comportamiento ejemplar cuando uno ocupa un cargo público. Y al referirme a “ejemplar” circunscribo el término a lo puramente objetivo y valorable, poniendo el foco sobre hechos y circunstancias ya recogidos de forma explícita y que ningún ciudadano debe traspasar. Por lo que no entro en otro tipo de moralinas que, a pesar de demostrar nuestra altura como animales sociales e individuos cívicos, exceden el objetivo de estas líneas y dejarían al albur de la subjetividad del lector cualquier posible interpretación.
Yendo a lo concreto entonces. La pasada Nochevieja el director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno riojano estampó –literalmente hablando, a juzgar por las fotografías publicadas en distintos medios de comunicación- su BMW X3 contra un inocente pino en una urbanización cercana a su propio domicilio.
Las explicaciones dadas por la formación Podemos y por el propio director general podemita en su cuenta de Twitter, muchas horas después de ocurrido el incidente, más allá de ofrecer un escenario lógico, nos sumía a todos en un caos de dudas sobre la velocidad a la que iba el vehículo, si algo le había producido distracción al volante, si estaba incumpliendo el toque de queda marcado por el Gobierno autonómico (en referencia al Gobierno del que él mismo forma parte), qué le llevó a no avisar a los servicios de emergencia en su momento, ni tampoco a señalizar el vehículo accidentado. Demasiadas lagunas para tan necesaria transparencia.
Por lo que habrá que esperar el resultado de la investigación, claro está, antes de ni siquiera opinar sobre si en el suceso se pudo cometer alguna infracción. Y ahora sí me aproximo al meollo del asunto. Que no es otro que la consideración de que las normas están para cumplirse con independencia de la persona y del cargo que se ocupe en un momento dado. Porque la subjetividad en la obligación del cumplimiento estaría convirtiendo entonces nuestro País en un creador de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Lo cual es, de todo punto, inaceptable.
Y dado que la “igualdad jurídica” nos hace a todos iguales ante la ley y con el mismo derecho a igual protección, sin discriminación por motivos –entre otras cosas- de condición social, posición económica o credo político. La justicia es, por tanto, que el tamiz al que se nos someta sea el mismo y no se empleen moldes diferentes.
No sea que, por motivos del servicio, vayamos a caer en la falacia y el doble rasero de las regulaciones fiscales, de la financiación opaca, de los cobros irregulares, de tener trabajando a personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social, de hacer escraches sin miramiento a los demás pero condenarlos abiertamente cuando uno se convierte en el objetivo de los mismos, de considerar como libertad de expresión afirmaciones propias y poner mordaza legal a quienes piensan diferente, de manifestar –como quien no quiere la cosa- que “azotaría a una mujer hasta hacerla sangrar” y después tragar con una ley que convierte el piropo en acoso callejero porque es una “conducta de violencia sexual”, o emocionarse cuando un agente antidisturbios es agredido por manifestantes y después sembrar de docenas de agentes uniformados la calle en la que se ubica tu opulento chalé para repeler cualquier mala intención contra ti o los tuyos.
Finalizo mi disertación, igual que comencé. Las personas que ostentamos un cargo público – cualquiera que éste sea- hemos de mostrar un comportamiento ejemplar. Y jamás de los jamases considerar que la posición es excusa o trampolín para hacer lo que nos venga en buena gana. Porque si así fuera, uno se convertiría de motu propio en casta, y sería muy difícil representar a un pueblo, ya que la propia posición nos elevaría tres metros sobre el suelo, impidiendo movernos al mismo nivel de aquellos cuyos derechos decimos defender y para los que cada día trabajamos.
Susana Hernández del Mazo
Concejala no adscrita Ayuntamiento de Talavera de la Reina