El presidente provincial del PP y senador José Julián Gregorio, junto con el senador del PP Ramón Rodríguez y el presidente del PP de Talavera, Santiago Serrano, han dejado claro que el Partido Popular va a recurrir la Ley Celaá ante el Tribunal Constitucional “porque entendemos que es una ley anticonstitucional”, además de que también se acudirá a la Unión Europea “para que esta ley no se empiece a implementar”; no obstante, dentro de tres años cuando haya elecciones “los españoles van a decir no a este Gobierno de coalición que nos está llevando a un control dictatorial y totalitario”, ya que quiere controlar la educación, los bolsillos, la justicia y el poder legislativo, “y después de 40 años de democracia no estamos dispuestos a perder la libertad”.
Así se han pronunciado durante la recogida de firmas contra la Ley Celaá en la calle Trinidad. Rodríguez ha destacado "que no se trata de una ley educativa, ya que PSOE, independentistas y Podemos han redactado una ley que les viniera bien a todos, con los ideales de cada uno, y por eso es una ley ideológica, que en la que no se han adoptado medidas pedagógicas sino políticas”.
“La ley ataca a la libertad de elección, a la libertad de educación y a la educación concertada y especial”, ha subrayado Rodríguez que ha explicado que la aportación de Podemos a la ley es que se precisara que la educación tenía que ser estatal y pública, “y eso exige que haya una escuela única, y es el motivo por el que en esta ley todas las medidas que se reflejan sólo hablan de la pública y tiende a que desaparezca la educación concertada”.
Por su parte, José Julián Gregorio ha recordado que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez pidió a Emiliano García-Page que sus diputados votasen en contra de la Ley Celaá y de los Presupuestos Generales del Estado “que están apoyados por Bildu”, pero “Page se ha negado y los diputados y senadores del PSOE estarán traicionando a Castilla-La Mancha”.
Por último, Santiago Serrano ha criticado "el aplauso" de Page y de la alcaldesa de Talavera, Agustina García “a la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez e Iglesias, que es una auténtica afrenta a los 15 centros concertados y a los 4 de educación especial en la ciudad”.