El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad el nuevo texto de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, una nueva redacción que según ha defendido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, servirá para dotar de todas las garantías a la futura legislación en esta materia para que sea acorde a una Administración del siglo XXI, como la castellanomanchega, y sea más "eficaz y transparente".
Así se ha pronunciado el titular regional, que ha defendido que será una de las legislaciones más avanzadas en la materia, por ser una de las últimas en aprobarse, con la que se diseña un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, que posibilitará una gestión "más racional, eficaz y eficiente de dicho patrimonio".
Ha alegado que desde 1985 la Junta de Comunidades ha experimentado un fuerte desarrollo tanto orgánico como competencial y, además, el patrimonio del que dispone se ha incrementado considerablemente, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales. Según el Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades cuenta con 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte o cerca de 750 bienes intangibles.
Además de adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo, el titular regional de Hacienda ha explicado que la nueva norma incorpora nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público y fomenta la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.
Y es que el consejero ha defendido que el futuro texto, organizado en 138 artículos frente a los 65 de la actual, actualiza la regulación de la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades, establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales y regula la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión.
Por vez primera, ha destacado, este proyecto de Ley aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, "con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente" del parque de oficinas administrativas y recoge una regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.
Pese a agradecer las 32 enmiendas que los grupos de Ciudadanos y PP han presentado al texto, haciendo un guiño a la formación naranja por el "esfuerzo" que ha realizado en justificar cada una de sus propuestas, ha indicado que si solo se han aceptado cuatro es porque el resto atañen a otros textos legislativos, se contradicen o exceden competencias autonómicas.
LEY CICATERA EN AUDACIA
De su lado, el diputado de Ciudadanos David Muñoz Zapata, que ha asegurado que le sorprende que el consejero se sorprenda por su trabajo en este texto, "porque Ciudadanos siempre se curra todas las leyes", ha vuelto ha indicar, como ya expresara en el debate de enmiendas que, el Gobierno regional ha sido "cicatero en audacia" en la redacción de esta norma, pues pese a que "cumple el expediente" con respecto a la de 1985, "no quiere ir más allá en transparencia".
"Parece que la reformas les dan urticaria. Van de progresistas pero son conservadores de izquierdas y la ciudadanía reclama reformas y claridad en la gestión de los recursos públicos, cada vez menores", ha señalado el parlamentario toledano que, luego de destacar la importancia de la norma, pues abarca a los más de 1.000 inmuebles y 1.500 vehículos que tiene el Gobierno regional, así como a las seis empresas publicas que manejan un volumen de 270 millones de euros al año, ha defendido que alguna de sus enmiendas aspiraban a acabar con el "amiguismo" a la hora de gestionar patrimonio y las empresas castellanomanchegas.
Y es que Ciudadanos, ha asegurado, quiere que en el texto prime la rentabilidad social en beneficio de los ciudadanos y no del Gobierno. "No pueden ser elegidos en la oscuridad de un despacho a dedo y que no se sometan nunca a evaluación", se ha quejado.
De ahí que, recogiendo las recomendaciones de la OCDE, la formación naranja también aspire a que los ciudadanos de la región sean los accionistas de sus empresas públicas y, al igual que los accionistas de las empresas privadas eligen a los integrantes de sus consejos de administración, estos puedan examinar de forma periódica la capacidad de sus gestores.
Además de abogar por que las empresas públicas respondan de forma subsidiaria de sus deudas, de manera que "el Gobierno no se vaya de rositas cuando dejen pufos sus empresas públicas", Ciudadanos, para acabar con la ocupación ilegal de viviendas, ha vuelto a pedir al Gobierno regional que use la figura del desahucio administrativo en detrimento del judicial, porque es "más rápido" a la hora de poner freno a este fenómeno que afecta al parque de viviendas del Ejecutivo regional, como ocurre, ha denunciado Muñoz Zapata, con las 88 viviendas de la calle Joan Miró de Puertollano.
PATRIMONIO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS
De su lado, el diputado del Grupo Popular Benjamín Prieto ha asegurado que la veintena de enmiendas que su formación elevó al texto pretenden, sobre todo, proteger el patrimonio regional, que ha de estar al servicio de los castellanomanchegos, ser "activo y no caer en manos muertas". También ha abogado por usar su potencial y sacar de estos recursos su máxima rentabilidad.
De ahí que haya vuelto a reclamar planes de uso para cada edificio administrativo a fin de optimizar usos y recursos, mejorar la gestión del inventario de bienes para ganar en transparencia, y que en las adjudicaciones directas de esos bienes, si la cantidad de enajenación supera el millón de euros sea el Consejo de Gobierno quien la autorice.
Además de sugerir que antes de que el Gobierno regional realice nuevos alquileres revise si hay bienes públicos que eviten en nuevo gasto, los 'populares', ha detallado Prieto, también han pedido que sean las Cortes regionales quienes conozcan gestión de patrimonio y de las empresas públicas de la región.
APOYO UNÁNIME
Mientras, el presidente del Grupo Socialista, Fernando Mora, encargado de defender el dictamen de la comisión en la que se debatieron las enmiendas, tras ir detallando el motivo por el que su Grupo ha rechazado las 28 que han quedado vivas para el pleno, ha insistido en que su formación no tiene intención "extraña" de no aprobarlas, alegando que la mayor parte de ellas ya están recogidas en el texto.
"Es una ley políticamente aburrida. En Zocodover no se hacen corrillos para hablar de esta ley que ningún diputado se ha leído, al margen de usted --ha dicho en alusión a Muñoz Zapata-- el diputado del PP, yo y el consejero" ha dicho Mora, que ha pedido al diputado de Cs que no venda que el texto "es de máximo interés para la ciudadanía", porque a ésta "le ocupan otras cuestiones, que no son precisamente la Ley de Patrimonio".
Por último, el diputado socialista ha vuelto a ofrecer la posibilidad de transar cuatro de las enmiendas que han llegado vivas al pleno --una de PP y tres de Ciudadanos-- para que la Cámara vote a favor de una ley que "le viene bien a la región y es puramente técnica", ha insistido.
Para que la ley saliera adelante, tanto PP como Cs han retirado algunas de sus enmiendas, además de que el Grupo naranja ha transado sin oposición otras cuatro enmiendas más.