El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la aplicación del estado de alarma para contener la segunda ola del virus como mejor instrumento a la hora de tener que restringir con carácter nacional derechos fundamentales de todos los españoles, mostrándose más partidario de esta herramienta que de una hipotética modificación de la Ley de Salud Pública de 1986, tal y como proponía el PP.
En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, aunque ha dicho que le parece bien actualizar cualquier legislación, aunque hubiera una ley que permita tomar más medidas al margen del estado de alarma, este instrumento es el idóneo cuando se trata de restringir derechos.
Además, ha avisado de que cualquier región podría utilizar una ley de Salud Pública mejorada "para otras cosas". "Cuando se limitan derechos fundamentales tiene que intervenir el Estado, es un problema territorial", ha insistido.
Con todo, ha reparado en que la pandemia "o se arregla en todos los rincones de España o no se arregla en ningún sitio". Por ello, ahora "lo importante es que hay una medida homogénea que permitirá ir a las regiones adaptar" su propia normativa.
"EL GOBIERNO BUSCABA TRANQUILIDAD"
Sobre la duración del estado de alarma, ha reconocido que seis meses es mucho, pero un periodo razonable teniendo en cuenta lo "difícil" que tuvo el PSOE para sacar adelante las anteriores prórrogas en el estado de alarma que decayó en primavera.
La economía, la seguridad y la confianza "no pueden dejarse a salto de mata", y lo que el Gobierno buscaba era tranquilidad a la hora de tener ese sostén jurídico más allá de futuros debates.
Desde el principio de la pandemia se trabaja, ha dicho, de forma similar a lo que ocurre a nivel europeo, donde Bruselas toma algunas decisiones pero los países miembro las aplican.
"Estamos ante una vía muy experimental. Esto no estaba previsto, ni el estado de alarma está planteado para estas situaciones. Hay que seguir aprendiendo de la segunda ola", ha dicho, lamentando la crítica política en función de lo que diga el Estado. "Hay que dejar la lucha de partidos a parte".
Entiende que hay algunos dirigentes que "no quieren compartir" las consecuencias derivadas de restringir la movilidad y tomar decisiones que perjudican a la economía.
No comparte que la desescalada se hiciera mal, ya que este estado de alarma llega "porque no se ha controlado la situación". Todas las autonomías llegaron a endurecer el decreto ley que sirvió de base para afrontar la desescalada en verano "a medida que decían los datos".
El camino ahora tiene "una parte muy importante de verde e inmaduro" por lo desconocido, ya que "no hay una ciencia cierta", ante lo que los dirigentes políticos están aplicando el "sentido común" pese a las luchas partidistas.
"Llevo diciendo lo mismo desde el primer día. Las autonomías tenemos que gestionar la sanidad y hemos hecho lo que tenemos que hacer aunque hubiera mando único", ha defendido.