El nuevo estado de alarma establece reglas de restricción de la movilidad comunes a todo el Estado, que las Comunidad Autónomas pueden modular en sus territorios. Sin embargo, como las Comunidades Autónomas no tienen competencias para modificar las medidas económicas aplicables a las empresas, porque son exclusivas del Estado, se pueden producir situaciones de posible discriminación para las empresas, según su localización geográfica concreta.
El nuevo estado de alarma, desde el punto de vista sanitario, es necesario. Así lo anuncia el Presidente del Gobierno de España y lo aprueba el Consejo de Ministros, porque los expertos sanitarios así lo exigen. Lo primero es la salud, y donde los expertos sanitarios indican lo que hay que hacer, nadie puede pretender abrir un debate estéril e innecesario.
No obstante, donde sí es necesario abrir un debate es sobre el hecho concreto de decretar un nuevo estado de alarma sanitario, sin haber previsto, al mismo tiempo, las derivadas económicas que ello conlleva y, por tanto, sin haber modificado las medidas adoptadas sobre las empresas.
Tan importante es establecer, en estos momentos, un estado de alarma que permita la aplicación de medidas sanitarias limitativas de la movilidad, para evitar la propagación de la pandemia, como establecer un correlativo sistema de medidas económicas coherentes y actuales que permitan, por un lado, el sostenimiento de la economía y, por otro, que el tratamiento de las empresas, en lo económico, que no sea discriminatorio.
Y, ahora, con lo que se encuentran las empresas es con un mando único en lo económico, el Estado Central, que establece medidas económicas estándar, para todo el territorio nacional, y diecisiete mandos sanitarios distintos que pueden establecer desiguales medidas sanitarias limitativas de la movilidad, determinando situaciones económicas diferentes para las empresas, según el territorio en el que se encuentren.
Porque el nuevo estado de alarma confiere competencias muy amplias a las Comunidades Autónomas, en materia sanitaria, para que puedan establecer limitaciones de la movilidad más restrictivas que las anunciadas por el Gobierno Central, pero sigue centralizando las decisiones económicas, las que afectan a las empresas, por ejemplo, en lo laboral y fiscal.
Dicho de otro modo, el nuevo Estado de Alarma establece diecisiete mandos sanitarios diferentes, uno por cada comunidad autónoma, cuyas decisiones pueden afectar a la economía y a las empresas de sus respectivos territorios, pero mantiene un mando único en lo económico, el gobierno central. Coordinar esto, parece, cuando menos, complejo.
Porque desde el mismo día en que se publique en el BOE el nuevo estado de alarma, España y sus pymes y autónomos tienen que afrontar, al menos, tres problemas muy graves, a los que hay que dar una solución clara.
El primero es determinar si se mantiene o no el vigente sistema de ERTES, aprobado el día 30 de septiembre, fecha en la que no había sido decretado y no se esperaba decretar un nuevo estado de alarma. Es evidente que las circunstancias acaban de cambiar drásticamente y que aquella prórroga eliminaba las exenciones de las empresas y dejaba fuera de su ámbito de aplicación, a muchos sectores económicos, entre otros, la hostelería y el comercio, sobre la base de considerar que la situación sanitaria mejoraba.
El segundo problema tiene que ver con el actual sistema de prestaciones por cese de actividad o reducción de ingresos de los autónomos que, igualmente, fue modificado en un momento en el que no había ni se preveía un nuevo estado de alarma. Recordemos que sus cuantías fueron reducidas y los supuestos a los que se aplicaba también.
Por tanto, habrá que volver a analizar esos sistemas de ERTES y de Prestaciones, para adaptarlos a la nueva situación económica que va a generar el nuevo estado de alarma. Lo deseable hubiera sido hacerlo antes de la publicación de nuevo Real Decreto Ley.
Y el tercer problema se va a producir es evidente. El nuevo estado de alarma se ha configurado de tal modo que puede dar lugar a que las diecisiete Comunidades Autónomas establezcan, de modo independiente, medidas limitativas de la movilidad más restrictivas que el Estado, pero éste va a seguir aplicado, en todo el territorio español, un mismo modelo estandarizado de medidas económicas, sin tener en cuenta las especificidades establecidas por cada región.
Y la pregunta que se hacen los empresarios es cómo se van a coordinar esos dos ámbitos competenciales, para que las empresas no se vean afectadas de forma desigual por causa de su localización geográfica dentro de España. Y esto es importante, porque el nuevo estado de alarma puede dar lugar a situaciones económicas de desigualdad que pueden conculcar, entre otros, el artículo 24 de la Constitución.
En definitiva, según Fedeto, para los empresarios hubiera sido más acertado establecer un nuevo estado de alarma, con un nuevo mando único, que aglutinara ambas competencias, en un marco de coordinación muy estrecho con las comunidades autónomas, que establecer 17 posibles estados de alarma sanitarios distintos.